Claudia Palacio
El 24 de agosto la Corte Federal publicó la decisión de un caso llevado a Revisión Judicial (lo que se conoce en la calle como apelación) de una solicitud de permiso de trabajo. Este caso pareciera haber sido hecho a propósito para mostrar absolutamente todo lo que no se debe hacer en un proceso migratorio. Mas errores, mentiras e inconsistencias, en un solo caso, es difícil de imaginar que pueden haberse dicho y cometido.
El aplicante principal de este caso solicitó, en el 2020, un permiso de trabajo abierto como dependiente de una trabajadora extranjera que ya se encontraba en Canadá con un permiso de trabajo válido hasta el 2024. La aplicación fue negada porque el oficial que reviso los documentos llamo al banco a verificar la información financiera entregada por el cliente y encontró que el numero de la cuenta existía, pero, aunque el nombre coincidía otros de los datos del aplicante no correspondían con los del dueño de la cuenta. Siguiendo el mandato de la ley, el oficial le solicito al aplicante explicaciones sobre la genuinidad de la información provista, además de solicitar aclaración de porque se habían enviado documentos que no eran necesarios para la aplicación que se había presentado.
El aplicante respondió a lo que se conoce como “fairness letter” (PFL) que la razón de entregar extractos bancarios era demostrar que tenía la solvencia económica para llegar a Canadá y para pagar por su estadía, adjunto una nueva certificación del banco asegurando que la cuenta estaba a su nombre y explicó que él había preparado y enviado la aplicación solo, siguiendo guías encontradas en Youtube y redes sociales.
El oficial de Inmigración negó la aplicación llegando a la conclusión de que el cliente, con sus explicaciones y documentación, no había demostrado la genuinidad de la información financiera ni había disipado sus dudas. Adicionalmente a la negativa del caso, el oficial de inmigración le impuso al aplicante cargos por tergiversación de información (misrepresentation); lo que conlleva 5 años de sanción durante los cuales no se puede aplicar a ningún tipo de visa o estatus en Canadá.
El aplicante decidió llevar su caso a la Corte Federal argumentando que la decisión no era justa, solo para encontrarse con que la decisión fue ratificada.
Dentro del proceso de apelación, el aplicante entregó una declaración juramentada de parte de un asesor legal no regulado, explicando que él había recibido los documentos bancarios del aplicante en el e-mail del aplicante que él manejaba y que había respondido a Inmigración sin informarle al aplicante del contenido de la carta ni de la respuesta enviada. En esta carta, el asesor explica además que el aplicante hubiera querido haber enviado más información y dado otras explicaciones. En otras palabras, un tercero declaró que el aplicante no tenía ni culpa, ni responsabilidad, ni conocimiento ni de la falsificación de documentos ni de la solicitud de información adicional por parte de inmigración, ni de la información entregada como respuesta al fairness letter.
El alegato presentado por el abogado defensor fue en parte “la incompetencia” del asesor legal.
¡Las razones del rechazo por parte de la Corte son tan ilustrativas como el caso mismo!
- El Juez descalifica el argumento del desconocimiento de la información enviada y de la veracidad de esta, señalando que en ningún momento el aplicante entrego, como parte de su aplicación, la autorización dada al representante (use of a representative Form), por lo tanto, la corte considera que la solicitud fue manejada directamente por el aplicante. Además, el juez deja claro que el gobierno canadiense no condona en ninguna circunstancia la contratación de un representante legal no regulado.
- El juez cuestiona el desconocimiento del aplicante sobre lo que pasa con su proceso y descalifica el manejo unilateral de la aplicación por parte del asesor explicando que el correo electrónico al que fue enviada la carta de solicitud de información por parte de inmigración es el mismo al que fueron enviadas todas las demás comunicaciones y que además el asesor tiene otro correo electronico.
- El juez explica que el aplicante es responsable del contenido de la aplicación que él firma al igual que de la veracidad de información entregada y de que esta se encuentre completa al momento de ser enviada
Este caso deja claras varias cosas:
- Cualquier información que sea enviada a Inmigración Canadá está sujeta a ser verificada
- El aplicante tiene la responsabilidad total de la aplicación, desde la selección de su representante hasta la entrega de la aplicación, pasando por el conocimiento de los requisitos de los programas, los documentos que deben enviarse para soportar el caso y las consecuencias de cada acción tomada
- Culpar un tercero no exime de responsabilidad, aun cuando el culpable sea realmente el tercero
- Las contradicciones, por pequeñas que sean, generan dudas y las dudas llevan a Inmigración a pensar que se estaba omitiendo o tergiversando información y esto resulta en 5 años de sanción
- El desconocimiento de la ley no exime de culpa
- El conocimiento y entendimiento de la ley y los requisitos son fundamentales en el momento de presentar una solicitud migratoria.
- Enviar documentos que no son necesarios o explicaciones que no han sido pedidas puede abrir una caja de pandora.
Singh v Canada (Citizenship and Immigration), un caso que vale la pena analizar cuando se piensa presentar una solicitud ante el Ministerio de inmigración de Canada https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/524027/index.do
Claudia Palacio es Consultora de Inmigración Regulada y Miembro Activo del College of Immigration and Citizenship Consultants. Claudia puede ser contactada a través de su correo [email protected]
