Rodrigo Díaz M.
El ministro de vivienda de Ontario presentará una ley destinada a aumentar la oferta de viviendas en la provincia.
Esto se produce después de que un grupo de trabajo sobre la asequibilidad de la vivienda, convocado por el gobierno, publicara el mes pasado un informe con 55 recomendaciones, incluido el objetivo de construir 1,5 millones de viviendas en 10 años.
El ministro de vivienda, Steve Clark, dijo entonces que confiaba en poder aplicar algunas de las recomendaciones antes de las elecciones de primavera, y afirmó que sería una mezcla de medidas pequeñas y “audaces” porque no hay una única solución.
Los precios de la vivienda en Ontario casi se han triplicado en los últimos 10 años, superando con creces el crecimiento de los ingresos, según el informe, pero la provincia tiene 1,2 millones de viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, menos que la media de los países del G7.
Las empresas y los servicios públicos tienen problemas para contratar y retener a los trabajadores debido a la escasez de viviendas cercanas, lo que perjudica a la economía, mientras que los largos viajes diarios al trabajo contribuyen a la contaminación del aire, según el informe.
Ontario anunció ayer que va a aumentar del 15% al 20% el impuesto a los compradores de vivienda no residentes y que lo va a ampliar a toda la provincia.
Muchas de las recomendaciones del informe del grupo de trabajo sugerían formas de limitar el desarrollo por la oposición local al crecimiento y el cambio de los vecindarios.
Entre esas recomendaciones figuran la eliminación de las políticas municipales que dan prioridad a la preservación del “carácter de vecindario”, la exención de la consulta pública de los proyectos de 10 unidades o menos cuando sólo necesiten variaciones menores, la limitación de los ayuntamientos a la hora de celebrar consultas más allá de lo que exige la Ley de Ordenación del Territorio y la prohibición de las designaciones de patrimonio que sólo se hacen después de presentar una solicitud de urbanización.
También hay que cambiar las normas municipales de zonificación para permitir la construcción de más viviendas, según el informe. Se estima que el 70% del suelo residencial de Toronto está restringido a viviendas unifamiliares o adosadas.
El grupo de trabajo también recomendó cambios en el Tribunal de Tierras de Ontario.
