Por Francisco Reyes
Hace varios días conocí en persona a los activistas ecuatorianos Pablo Fajardo, abogado de los 30,000 aborígenes y agricultores organizados en la UDAPT o Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, y a Humberto Piaguaje, dirigente nativo seikopal, coordinador ejecutivo de esa organización.
Los testimonios de Fajardo y Piaguaje, en un lenguaje de rabia contenida en la humedad de sus ojos, fueron más que suficientes para comprender el sufrimiento de los demandantes, residentes en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, donde se produjeron los daños ecológicos causados por Texaco, que cambió su nombre por Chevron para evadir la condena judicial impuesta por la Suprema Corte del Ecuador, que la obliga a pagar US$9.5 billones, ascendentes hoy a US$10 billones de dólares.
En el panel presentado por el departamento de Estudios Latinoamericanos (ALAS) de la Universidad de Toronto, los testimonios verbales fueron acompañados de estadísticas y un video que no miente, al recoger escenas del desastre y declaraciones de afectados de cáncer, leucemia y otras enfermedades producidas por la contaminación de tóxicos liberados por el petróleo, así como las denuncias de familiares de víctimas fallecidas.
A diferencia de los desastres producidos por el derramamiento accidental de crudos, como ocurrió en Alaska y en el Golfo de México, los daños medioambientales causados por Chevron fueron deliberados, puesto que la administración y los técnicos de la empresa sabían que sus métodos de tecnología arcaica para la extracción de petróleo contaminarían las aguas y aniquilarían la flora y la fauna de aquel ecosistema amazónico, al tiempo que mermaría la salud de los grupos humanos que lo habitan.
No obstante las sentencias de altos tribunales judiciales que culpan a la transnacional petrolera, como las que dictaron las Supremas Cortes de Ecuador, Argentina y Canadá, entre otras, Chevron niega las acusaciones y se resiste a indemnizar a los afectados, con apelaciones y contra acusaciones a los demandantes, a los que señala como criminales que buscan con sus difamaciones extorsionar a la empresa, inventora de calumnias.
En 22 años de batalla legal de UDAPT, iniciada en 1993 en un tribunal menor de EEUU, ha habido decenas de muertes causadas por la contaminación. Pero también asesinatos, como es el caso de un hermano del abogado Fajardo quien, según dijo en el panel, no tiene pruebas para acusar del crimen a Chevron, pero los autores materiales, también asesinados por desconocidos, se presume que tenían vínculos con la transnacional.
La presencia de los dos activistas no fue accidental en Canadá. El año pasado, la Corte Suprema avaló la sentencia del alto tribunal ecuatoriano y reconoció los derechos de la UDAPT de reclamar en este país la incautación de los bienes de Chevron para que se proceda a la acción de pago de la multa, con el fin de reparar los daños causados en la Amazonia.
Fajardo y Piaguaje han expuesto la problemática en diferentes foros mundiales a ambos lados del Atlántico, estableciendo que su lucha no es por dinero, sino por la justicia y por la vida.
Quienes han escuchado sus testimonios y han observado los diferentes videos filmados en la zona de desastre, y que pueden ser vistos en http://chevrontoxico.com, no creen en la supuesta inocencia de Chevron, que se presenta como víctima de una supuesta operación de chantaje orquestada por los demandantes para esquilmar a la empresa.
A las demandas de la UDAPT se ha unido una coalición de organizaciones canadienses defensoras del medioambiente y de los derechos humanos. Además, grupos observadores de las operaciones de empresas mineras locales, dentro y fuera del país, para que asuman sus responsabilidades judiciales, nacionales e internacionales, en caso de violaciones a las libertades individuales y de daños ecológicos dondequiera que operen.
Los activistas ecuatorianos invitan también a los líderes de las organizaciones hispanas en Canadá a unirse a las demandas para que el crimen de Chevron no quede impune, al tiempo que llaman a la movilidad social.
El evento más significativo que podría realizarse en octubre, dentro de las celebraciones del “Mes de la Herencia Hispana”, es unir a las organizaciones comunitarias hispanas en marchas de protestas pacíficas frente al Parlamento, las Legislaturas y las Alcaldías, para hacer valer la decisión de la Suprema Corte de Canadá en favor de la UDAPT.
Los dirigentes hispanos de Toronto y otras grandes ciudades canadienses tienen la última palabra con su poder de convocatoria, a la que de seguro se unirán organizaciones de las comunidades étnicas que interactúan en Canadá.
Francisco Reyes puede ser contactado en [email protected]
