Por Alexander Terrazas (*)
Este año se ha discutido mucho en las noticias de todo el mundo el término ‘Tercer País Seguro’ (TPS, por sus siglas en inglés). Canadá no ha estado exenta de este polémico debate, ya que desde hace varios años viene analizando la suspensión de dicho tratado que tiene con Estados Unidos y ahora parece estar dispuesta a ponerle punto final al asunto debido a los constantes abusos contra los solicitantes de refugio, hechos que contravienen los postulados de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
El concepto de ‘Tercer País Seguro’, de acuerdo a la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, requiere una evaluación individual sobre si el estado previo readmitirá a la persona, le garantizará acceso a un proceso justo y eficiente para determinar su necesidad de protección, permitirá a la persona permanecer en el territorio, y le reconocerá los estándares de trato de acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la protección contra devolución. Por lo tanto, no todos los países de tránsito son considerados países seguros.
Ahora bien, el “Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos para la cooperación en el examen de las solicitudes de estatus de refugiado de nacionales de terceros países”, firmado en diciembre de 2002 y puesto en marcha a partir de 2004, asegura que aquellas personas que busquen protección internacional deban hacerlo en el primer país al que lleguen, ya sea Estados Unidos o Canadá. Y las personas que no cumplan este requisito, con pocas excepciones, deben ser devueltas a la otra parte para el procesamiento de su caso. Este documento asume que ambas naciones ofrecen generosos sistemas de protección para refugiados, pero con el endurecimiento de requisitos y el tono del discurso en la Casa Blanca, al mando de Donald Trump, todos los postulados del tratado se ponen en duda. Incluso organizaciones canadienses están retando el reconocimiento mismo de los Estados Unidos como un país seguro. De hecho, el Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional y el Consejo Canadiense de Iglesias han montado un caso legal en contra del Acuerdo de tercer país seguro puesto que consideran que contraviene la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
“Dado que los solicitantes de asilo ahora son maltratados al sur de la frontera, es hora de que Ottawa deje de defender el acuerdo y simplemente lo suspenda”, reclama un editorial del Toronto Star, uno de los diarios más influyentes de Canadá. Además, un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, publicado en 2017, revela una letanía de prácticas inconstitucionales, incluida la detención a gran escala de solicitantes de asilo, la expulsión de refugiados sin el debido proceso, el empoderamiento de los funcionarios locales para detener a personas por mera sospecha de violaciones de inmigración, y discriminación basada en la religión y nacionalidad de los solicitantes de asilo. Conocemos muchos casos al respecto, como por ejemplo, los niños separados de sus padres en 2018, las mujeres musulmanas rechazadas, los migrantes centroamericanos y aquellos que son marginados por su identidad de género.
De hecho, Alex Neve, secretario General de Amnistía Internacional Canadá le dijo recientemente a Radio Canadá Internacional que habían pedido a Canadá que se retire de ese acuerdo, demanda que la habían llevado ante la Corte Federal en Canadá. No hay duda, dijo Neve, que hay una crisis grave de derechos humanos contra los refugiados y los migrantes. Es por esto que ‘digo nuevamente y fuerte’, que es el momento de poner fin al Acuerdo de Tercer País Seguro, porque contradice la realidad de los refugiados en Estados Unidos.
Ahora bien, es posible que suspender el Acuerdo pueda alentar a más solicitantes de refugiados a presentarse en la frontera de Canadá. Pero dado el desprecio abierto hacia los migrantes y sus derechos mostrados por la administración Trump, es el único enfoque moralmente defendible.
Creemos que Canadá debería dejar de defender lo indefendible y enfrentar la realidad de cómo las autoridades estadounidenses tratan a los solicitantes de asilo o refugio. Recordemos, además que durante la reciente campaña electoral, los liberales prometieron que trabajarían con los Estados Unidos para tratar de ‘modernizar’ el acuerdo y todos esperamos que así sea. Hoy por hoy, Canadá proyecta una imagen en el mundo como un país donde los refugiados son bienvenidos y sus derechos bien protegidos. Hacemos votos para que sus políticas se sigan universalizando.
