Rodrigo Díaz M.
Con la llegada del año nuevo también llega la prohibición prometida por el gobierno federal para los compradores de vivienda extranjeros, en medio de la creciente presión para que la vivienda sea más asequible para los canadienses.
Desde este año las empresas comerciales y las personas extranjeras tendrán prohibido comprar propiedades residenciales en Canadá durante dos años, en un intento de enfriar la especulación que contribuyó a impulsar el mercado inmobiliario del país a máximos sin precedentes en los últimos tres años.
La Comisión de Hipotecas y Vivienda de Canadá (CMHC) publicó en mayo de 2021 los resultados de su Encuesta de Apartamentos en Condominio de 2020, según la cual “la proporción de unidades de apartamentos en condominio de propiedad no residente se situaba en niveles bajos, de un solo dígito, en la mayoría de los mayores centros de Canadá”.
Ciudades como Vancouver, Toronto, Montreal y Ottawa tenían porcentajes superiores al 1%.
CMHC dijo que “el trabajo relacionado de Statistics Canada también informa acciones comparativamente bajas de propiedad no residente para las ciudades encuestadas en 2019”.
Statistics Canada encuentra en sus datos de 2019 que los propietarios no residentes tienden a no ser propietarios-ocupantes. Los no residentes poseen entre el 15% y el 20% de las unidades no ocupadas en Toronto y Vancouver.
“Esto sugiere que la propiedad no residente se concentra en el mercado de alquiler secundario. Los resultados combinados de CMHC y Statistics Canada sugieren que en el mercado de alquiler secundario, la propiedad no residente probablemente se concentra en edificios de alquiler más nuevos y más grandes”, dijo CMHC.
En British Columbia ya se aplica un impuesto del 20% a los compradores extranjeros, que el gobierno federal debería tener en cuenta.
Ontario también elevó del 20% al 25%, en octubre, el impuesto sobre la especulación de no residentes que grava las viviendas adquiridas por extranjeros.
Hay algunas excepciones, como para los que tienen permisos de trabajo temporales, los solicitantes de asilo y los estudiantes internacionales que cumplan determinados criterios.
Según el sitio web de la CMHC, la prohibición se aplica a “propiedades residenciales, que incluyen casas unifamiliares o edificios similares de una a tres unidades de vivienda, así como partes de edificios como casas adosadas, unidades de condominio u otros locales similares”.
Sin embargo, las propiedades recreativas como casas de campo o casas de lago estarán exentas de la prohibición, añadió la CMHC.
La nueva ley establece que los inmuebles residenciales que no estén situados ni en una aglomeración censal ni en un área metropolitana censada no estarán sujetos a la prohibición.
En general, esto significa que los municipios con un núcleo de población inferior a 10 mil habitantes no estarán sujetos a la prohibición, mientras que las comunidades con un núcleo de población superior a 10 mil habitantes sí se verán afectadas.
La ley también establece que cualquier terreno que “no contenga ninguna vivienda habitable, que esté zonificado para uso residencial o de uso mixto” está sujeto a la prohibición.
Esto significa que la prohibición se aplicará a determinadas propiedades que, por lo general, no se considerarían residenciales en el momento en que se produce la compra, sino que se centra en el potencial de dicho terreno para convertirse en una propiedad residencial en el futuro.
Los efectos de la prohibición están por determinarse, sobre todo porque las subidas de las tasas de interés del Banco de Canadá siguen repercutiendo en la economía y la inflación, incluidos los precios de los alimentos.
El temor a una recesión en 2023 ha hecho que aproximadamente el 41% de los canadienses pongan en pausa sus planes de compra o venta de una vivienda, según una encuesta realizada este otoño por Re/Max.
La empresa inmobiliaria pronosticó el mes pasado que el mercado de la vivienda canadiense está a punto de volver al “equilibrio” también en 2023, con la mayoría de los precios al alza fuera de los mercados más caros.
