TORONTO, ONTARIO — Un colegio privado de formación profesional con sedes en Toronto, Markham y Ajax despidió a 25 trabajadores esta semana, después de que el gobierno provincial suspendiera temporalmente los desembolsos del Programa de Asistencia Estudiantil de Ontario (OSAP) para instituciones privadas del sector. Computek College, que durante 35 años había mantenido sus operaciones sin recurrir a despidos, enfrenta ahora dificultades financieras que podrían afectar la continuidad de sus programas. La medida provincial forma parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la distribución de préstamos y subvenciones estudiantiles.
Muraly Srinarayanathas, presidente de Computek College, explicó a Global News que los ingresos de la institución se interrumpieron repentinamente, obligándola a reducir personal por primera vez en su historia. El centro ofrece formación en áreas como salud, administración y tecnología, y atiende principalmente a adultos que buscan mejorar sus oportunidades laborales. Según su presidente, numerosos alumnos tienen entre 35 y 45 años, son ciudadanos canadienses recientes o residentes permanentes y dependen de las ayudas estudiantiles para pagar tanto sus estudios como necesidades esenciales, incluidos el alquiler, los alimentos y el cuidado infantil.
La crisis comenzó en julio, cuando Ontario restringió el acceso a OSAP para estudiantes de cinco instituciones privadas debido a preocupaciones sobre sus prácticas de inscripción y el elevado número de solicitudes de financiamiento. En octubre, las restricciones se extendieron a 242 colegios privados de formación profesional mientras avanzaban las investigaciones. El gobierno sostiene que existen indicios de irregularidades importantes en algunas instituciones, incluidos posibles abusos del sistema de ayudas públicas. Sin embargo, los representantes de colegios que aseguran cumplir las normas consideran injusto que las restricciones afecten también a estudiantes y establecimientos sin acusaciones específicas.
Srinarayanathas afirmó que Computek recibe auditorías e inspecciones periódicas y solicitó al Ministerio de Colegios y Universidades que examine prioritariamente sus operaciones para restablecer el acceso al financiamiento. El empresario manifestó su respaldo a la investigación de cualquier posible fraude, pero advirtió que prolongar la suspensión amenaza la supervivencia de instituciones que preparan trabajadores para sectores esenciales. La formación de asistentes dentales, técnicos farmacéuticos y trabajadores de apoyo personal resulta especialmente importante para hospitales, residencias de adultos mayores y otros servicios que necesitan personal capacitado.
El impacto ya se extiende a otras instituciones. Según información publicada por The Globe and Mail, Anderson College despidió a más de 100 empleados y suspendió las clases de aproximadamente 300 estudiantes recientemente inscritos. Por su parte, Academy of Applied Pharmaceutical Sciences eliminó diez puestos de trabajo. Estos casos reflejan las dificultades financieras que enfrentan los centros de formación cuando desaparece una fuente fundamental de ingresos. También existe preocupación por estudiantes que podrían abandonar sus estudios después de haber invertido tiempo y recursos en prepararse para nuevas profesiones.
El ministro de Colegios y Universidades, Nolan Quinn, anunció el jueves 12 de noviembre que presentará nueva legislación el lunes 16 para fortalecer la supervisión del sector. Entre las medidas propuestas figuran limitar el crecimiento de estudiantes financiados mediante OSAP, restringir la ayuda a programas presenciales e híbridos, exigir instalaciones físicas y prohibir determinados negocios ajenos a la enseñanza dentro de los establecimientos. El gobierno también estudia préstamos temporales de bajo interés mediante instituciones financieras, aunque todavía no ha confirmado cuándo se normalizarán los desembolsos.
Para los estudiantes afectados, el problema es inmediato: las facturas continúan llegando mientras los recursos esperados permanecen suspendidos. Las autoridades provinciales defienden la necesidad de proteger el dinero público y evitar posibles fraudes, mientras representantes estudiantiles y educativos solicitan inspecciones rápidas y medidas que distingan a las instituciones investigadas de aquellas que cumplen los requisitos. El desafío será restablecer la confianza en el sistema sin interrumpir innecesariamente la formación de quienes buscan mejores oportunidades de empleo en Ontario.
