TORONTO, CANADÁ — Once viajeros canadienses están emprendiendo acciones legales para reclamar indemnizaciones de entre 100,000 y un millón de dólares por caso, después de denunciar que sus etiquetas de equipaje fueron intercambiadas fraudulentamente en el aeropuerto internacional Toronto Pearson. Según una investigación del programa W5 de CTV News, publicada el 12 de noviembre de 2026 y retomada por Toronto Life, algunos pasajeros fueron detenidos en países extranjeros al aparecer sus nombres vinculados con maletas que contenían drogas y que aseguran nunca haber registrado.
El presunto procedimiento criminal consiste en retirar la etiqueta de identificación de una maleta legítima y colocarla sobre otro equipaje cargado con sustancias ilegales. De acuerdo con la investigación periodística, personas con acceso a las áreas de manejo de equipajes podrían facilitar estas operaciones para transportar drogas a otros países. Cuando las autoridades aduaneras descubren el contrabando, el pasajero cuyo nombre aparece en la etiqueta puede terminar bajo investigación o detenido, aunque desconozca completamente la existencia de la maleta sospechosa.
Entre los casos documentados figura el de Grace Merano, una mujer de Toronto que fue acusada de transportar 24 kilogramos de metanfetamina a Filipinas. Permaneció 24 noches encarcelada y posteriormente reclamó una compensación por los gastos legales y las consecuencias de su detención. Según su testimonio, Cathay Pacific le ofreció aproximadamente 22,000 dólares, una cantidad que representaba cerca de la mitad de los costos que había asumido. Otra afectada es Leila Drakes, de 77 años, quien viajó a Barbados y descubrió que su etiqueta aparecía asociada con una maleta que contenía cannabis. Aunque no fue acusada, WestJet le ofreció un crédito de viaje de 300 dólares.
También se encuentra el caso de Jan Baumann y Charlene Ranadheera, residentes de Winnipeg, cuyas etiquetas aparecieron en equipajes que contenían aproximadamente 33 kilogramos de marihuana. Ambos fueron esposados y retenidos durante unas 12 horas en Pearson antes de quedar en libertad sin cargos. Según la investigación, Air Canada les ofreció una compensación cercana a 2,000 dólares, que rechazaron. Estos testimonios reflejan las consecuencias personales y económicas que pueden enfrentar viajeros vinculados involuntariamente con investigaciones de narcotráfico.
El abogado de Toronto Paul Miller representa a los once reclamantes y busca determinar qué instituciones deben responder por los presuntos fallos de seguridad. Entre las entidades que podrían enfrentar demandas se encuentran las aerolíneas, Transport Canada y la Greater Toronto Airports Authority, organismo encargado de administrar Pearson. Miller considera que las compañías aéreas tienen una responsabilidad importante porque reciben el equipaje de los pasajeros y participan en su traslado. Sin embargo, el manejo de maletas involucra a diferentes empresas contratistas y organismos, lo que complica la identificación de responsabilidades.
Las instituciones consultadas han señalado que cada caso debe examinarse individualmente. Air Canada sostiene que la responsabilidad depende de las circunstancias y de las obligaciones legales de cada participante. Por su parte, la autoridad aeroportuaria indica que no supervisa directamente todos los procedimientos de seguridad del equipaje. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá ha informado que trabaja con otras entidades para fortalecer los controles. Ninguna de estas posiciones representa una determinación judicial definitiva.
La nueva investigación se suma al caso de Kristian Gjoni, residente de Toronto que enfrenta un proceso judicial en Albania después de que las autoridades encontraran cannabis en una maleta vinculada con su nombre. Su defensa sostiene que fue víctima del mismo procedimiento fraudulento. Mientras el gobierno canadiense estudia nuevas medidas de seguridad aeroportuaria, los once reclamantes buscan compensación por sus pérdidas económicas y personales. Los casos plantean una pregunta fundamental: quién debe proteger al viajero cuando su equipaje queda bajo el control de las empresas y autoridades aeroportuarias.
