Rodrigo Díaz Maingon
La familia de un niño canadiense de siete años permanecerá junta, por ahora.
Ayer, un juez federal suspendió la orden de deportación contra Rosalba Solares, de 42 años, de Toronto, y su esposo Jorge Orozco, de 59, hasta que se tome una decisión sobre su solicitud de residencia permanente, por razones humanitarias y compasivas.
La pareja se enfrenta a deportaciones a dos países separados: Solares a su Guatemala natal y Orcozo a su país de origen, Colombia. Su hijo nacido en Canadá, Julian, tendría que ir para irse con su madre a Guatemala, pues no tiene otra familiar en Canadá.
Los abogados y médicos de la familia argumentaron que la deportación dañaría la salud mental y física del niño, y el juez estuvo de acuerdo.
“Estoy convencido de que Julian sufriría un daño irreparable si él y sus padres fueran expulsados de Canadá”, escribió el juez James W. O’Reilly en su fallo.
“Ese daño se deriva de la separación familiar, la interrupción de su año escolar, la ruptura de los lazos sociales con Canadá, el riesgo de consecuencias graves para la salud y el riesgo de daños en Guatemala”.
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá remitió preguntas sobre el caso a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, pero aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.