El gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una nueva regla que permite a los funcionarios migratorios enviar determinadas solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración, sin conceder primero al solicitante una entrevista personal con un oficial de asilo.
La medida, vigente desde el 28 de julio, podría afectar a cientos de miles de personas que ya se encuentran en Estados Unidos y solicitaron protección alegando temor a ser perseguidas en sus países de origen. El Departamento de Seguridad Nacional estima que hasta 444,724 expedientes pendientes, equivalentes al 31 por ciento del atraso acumulado de solicitudes afirmativas de asilo, podrían quedar sujetos al nuevo procedimiento.
La cifra no significa que todas esas personas serán deportadas ni que recibirán inmediatamente una orden de expulsión. Significa que sus casos podrían ser trasladados directamente a un juez de inmigración y convertidos en procedimientos formales de remoción, sin pasar antes por la entrevista tradicional de USCIS.
Cómo funcionaba el procedimiento
En Estados Unidos existen dos caminos principales para pedir asilo.
El llamado asilo afirmativo generalmente es solicitado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS, por personas que todavía no se encuentran en procesos de deportación. Hasta ahora, esos solicitantes recibían una entrevista privada con un oficial especializado, durante la cual podían explicar su historia, responder preguntas y presentar información adicional.
Cuando USCIS no aprobaba el caso y la persona ya no tenía otra condición legal para permanecer en el país, el expediente era remitido a un tribunal migratorio. Allí, el solicitante podía volver a presentar su petición de asilo como defensa frente a la deportación.
La nueva regla permite omitir esa primera entrevista. Un oficial podrá revisar el formulario, los documentos presentados, los antecedentes migratorios y otras pruebas, y decidir que el caso debe ser enviado directamente a un juez.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la entrevista no constituye un derecho establecido expresamente por ley y considera que, en determinados casos, representa una duplicación de esfuerzos, porque el expediente terminaría de todos modos ante un tribunal migratorio.
Quiénes podrían verse afectados
La regla se aplica principalmente a solicitudes afirmativas presentadas por personas que no mantienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos.
Entre los casos que podrían ser remitidos sin entrevista se encuentran aquellos en los que USCIS considere que el solicitante:
- presentó su petición después del plazo general de un año desde su llegada;
- está sujeto a una prohibición legal para solicitar o recibir asilo;
- no cumple los requisitos fundamentales de protección;
- o no merece una aprobación por razones discrecionales.
La autoridad migratoria también podrá determinar, basándose únicamente en el expediente, que la solicitud no reúne méritos suficientes. Además, la regla permite que USCIS emita en el futuro nuevas instrucciones sobre qué categorías de casos deben recibir prioridad para ser enviadas directamente a los tribunales.
La medida puede aplicarse tanto a solicitudes nuevas como a algunos expedientes que ya estaban pendientes antes de su entrada en vigor.
DHS calcula que aproximadamente 132,167 nuevos solicitantes por año podrían ser remitidos sin entrevista debido a problemas con el plazo de presentación, prohibiciones legales u otros factores. Sin embargo, la propia agencia reconoce que no puede determinar todavía cuántas personas adicionales podrían verse afectadas por evaluaciones relacionadas con el contenido o los méritos de sus solicitudes.
La regla señala que USCIS continuará realizando entrevistas antes de aprobar o negar directamente una petición de asilo. También indica que el cambio no debería afectar de la misma manera a quienes conservan una visa u otra autorización válida para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Qué ocurre al llegar al tribunal
Ser enviado a un tribunal no equivale a perder automáticamente el caso. El solicitante todavía puede pedir asilo, presentar pruebas, declarar ante un juez y solicitar otras formas de protección contra la deportación.
No obstante, el contexto cambia considerablemente.
La entrevista ante USCIS es considerada un procedimiento no adversarial, realizado en privado por un funcionario entrenado para analizar persecución, condiciones de los países y experiencias traumáticas. En el tribunal, en cambio, la persona enfrenta un procedimiento adversarial en el que un abogado del gobierno puede cuestionar su solicitud.
A diferencia de los procesos penales, el gobierno estadounidense no está obligado a proporcionar gratuitamente un abogado a una persona que enfrenta deportación. Quien no pueda contratar representación debe defenderse por cuenta propia o buscar asistencia de una organización sin fines de lucro.
Los jueces pueden aprobar el asilo, conceder otra protección, rechazar la solicitud o emitir una orden de remoción. En determinadas circunstancias, sus decisiones pueden apelarse, pero los procedimientos son complejos y cualquier incumplimiento de fechas, documentos o audiencias puede tener consecuencias graves.
El gobierno habla de eficiencia
USCIS sostiene que el cambio permitirá reducir un atraso de más de 1.4 millones de solicitudes afirmativas y reservar las entrevistas para los casos que parezcan tener mayores posibilidades de aprobación.
La agencia argumenta que algunas personas utilizan el sistema para prolongar su permanencia o acceder a permisos de trabajo, aunque no posean una solicitud legítima. También asegura que la remisión temprana permitirá resolver más rápidamente los casos y sacar a ciertos solicitantes de años de incertidumbre.
Sin embargo, la propia regla reconoce que trasladar más expedientes podría aumentar inicialmente la carga de los tribunales migratorios, que ya acumulan alrededor de tres millones de casos pendientes.
También admite la posibilidad de que algunas solicitudes que USCIS habría aprobado después de una entrevista terminen siendo remitidas a los tribunales, provocando más demoras y mayores costos para los solicitantes y el Departamento de Justicia.
Organizaciones advierten sobre el debido proceso
Defensores de inmigrantes sostienen que muchas personas no pueden explicar completamente sus experiencias en un formulario escrito. Las barreras lingüísticas, la falta de representación legal, los efectos del trauma y el desconocimiento del sistema pueden producir solicitudes incompletas o aparentemente contradictorias.
HIAS, organización dedicada a la protección de refugiados, advirtió que eliminar la entrevista podría privar a personas que huyen de persecución de su primera oportunidad real para explicar por qué necesitan protección.
Especialistas también cuestionan que la administración esté transfiriendo expedientes desde una agencia atrasada hacia un sistema judicial con una acumulación todavía mayor. Consideran que el cambio podría acelerar el inicio de los procesos de deportación sin garantizar decisiones más rápidas ni más justas.
La medida fue emitida como una regla final provisional, lo que significa que entró en vigor sin esperar primero el proceso ordinario completo de consulta pública. El gobierno recibirá comentarios durante 60 días y posteriormente podrá mantenerla, modificarla o reemplazarla. También es probable que enfrente impugnaciones judiciales.
Para la comunidad hispana, el cambio es especialmente importante porque puede afectar a personas que ingresaron legalmente con visas temporales, solicitaron asilo dentro de Estados Unidos y posteriormente perdieron su condición migratoria mientras esperaban durante años una entrevista.
La principal advertencia para quienes tienen una solicitud pendiente es no asumir que recibirán automáticamente una entrevista con USCIS. Las personas afectadas deben revisar cuidadosamente toda correspondencia oficial, mantener actualizada su dirección, asistir a cualquier audiencia programada y buscar asesoría jurídica acreditada. Una remisión al tribunal no representa una deportación inmediata, pero sí coloca al solicitante dentro de un proceso en el que su derecho a permanecer en Estados Unidos estará directamente en juego.
