El acuerdo petrolero que el presidente estadounidense Donald Trump ha presentado como “el mayor de la historia” está provocando una inusual ola de rechazo dentro y fuera de Venezuela, reuniendo críticas provenientes tanto de la oposición democrática como de figuras vinculadas al chavismo y de venezolanos residentes en Canadá.
El convenio concede a North American Blue Energy Partners, NABEP, derechos por 100 años para operar 17 campos petroleros venezolanos que contienen aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas, cerca de una quinta parte de las reservas probadas del país.
El gobierno estadounidense tendrá una participación de aproximadamente 35% en NABEP y acceso preferencial a parte de la producción. Washington tendrá derecho a adquirir alrededor del 20% del petróleo producido a costo de producción, además de prioridad sobre volúmenes adicionales.
La Casa Blanca sostiene que el acuerdo fortalecerá la seguridad energética estadounidense, reducirá la influencia de China y Rusia en Venezuela y ayudará eventualmente a reconstruir una industria petrolera deteriorada después de años de falta de inversión y dificultades económicas.
Sin embargo, para numerosos venezolanos el problema central no es la participación de empresas extranjeras, sino quién tomó la decisión y bajo qué condiciones.
La líder opositora María Corina Machado rompió varios días de silencio para cuestionar el convenio. Machado sostuvo que los recursos naturales pertenecen al pueblo venezolano y argumentó que el actual gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no cuenta con un mandato democrático para comprometerlos mediante acuerdos de tan largo alcance.
Incluso dentro del chavismo han aparecido críticas.
La diputada Iris Varela, una de las figuras históricamente más cercanas al movimiento del expresidente Hugo Chávez, afirmó que el acuerdo fue firmado bajo presión y aseguró que debería ser revisado en el futuro. Esa reacción evidencia hasta qué punto el control extranjero de los recursos petroleros toca una cuestión profundamente sensible dentro de la política venezolana.
El rechazo también se está haciendo sentir entre venezolanos residentes en Canadá.
Rebecca Sarfatti, cofundadora en Toronto del Canada Venezuela Democracy Forum, describió la reacción de muchos miembros de la comunidad como una mezcla de frustración, decepción y enojo, argumentando que Venezuela está siendo utilizada principalmente por su riqueza petrolera.
Lino Carrillo, quien trabajó durante años en las industrias petroleras venezolana y canadiense y llegó a ser gerente general de operaciones de Nexen Energy en Fort McMurray, Alberta, advirtió que los contratos firmados por el actual gobierno podrían ser revisados por una futura administración venezolana democráticamente elegida.
Carrillo sostiene que existen dudas sobre la constitucionalidad y legitimidad de comprometer recursos estratégicos mediante acuerdos de esta magnitud.
Las inquietudes no se limitan a la política. Grandes compañías petroleras también mantienen reservas sobre la viabilidad económica del proyecto.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero actualmente produce alrededor de un millón de barriles diarios. Décadas de deterioro de infraestructura significan que aumentar sustancialmente esa producción requerirá inversiones de decenas de miles de millones de dólares y posiblemente varios años.
El acuerdo adquiere todavía mayor sensibilidad por los acontecimientos políticos recientes. Delcy Rodríguez asumió el poder después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero, pero Venezuela todavía no cuenta con un calendario definido para nuevas elecciones presidenciales.
Trump ha elogiado públicamente a Rodríguez, mientras sectores de la oposición que inicialmente esperaban que la salida de Maduro abriera rápidamente un camino hacia elecciones democráticas manifiestan creciente frustración.
El petróleo ha sido durante más de un siglo parte central de la economía y de la identidad nacional venezolana. Por eso, aunque muchos ciudadanos reconocen que el país necesita inversión, tecnología y nuevos mercados para recuperar su producción, entregar derechos sobre una porción tan grande de sus reservas durante un siglo está siendo interpretado por numerosos venezolanos como una cesión excesiva de soberanía.
La controversia demuestra que el acuerdo que Washington presenta como un triunfo energético podría enfrentar todavía importantes obstáculos políticos, legales y económicos antes de convertirse en la transformación petrolera que promete la administración Trump.
