Un importante importador estadounidense de alimentos presentó una nueva demanda contra la administración del presidente Donald Trump para intentar bloquear los aranceles de 50 por ciento aplicados a una amplia gama de productos canadienses, en el más reciente desafío legal contra el uso expansivo de los poderes presidenciales en materia comercial.
La demanda fue presentada el lunes 20 de octubre ante la U.S. Court of International Trade, en Nueva York, por Liberty Justice Center en representación de Gellert Global Group, una empresa de Nueva Jersey dedicada a la importación y distribución de alimentos, incluida una importante cantidad de quesos canadienses.
La compañía sostiene que los aranceles fueron impuestos de manera ilegal y exceden la autoridad del presidente.
Trump anunció estas tarifas durante el verano, después del colapso de las negociaciones comerciales con Canadá. Para justificarlas, la Casa Blanca recurrió a la Section 338 of the Tariff Act of 1930, una disposición de la era Smoot-Hawley que, según los demandantes, nunca había sido utilizada antes de esta manera para imponer un castigo comercial tan amplio contra un socio como Canadá.
La administración estadounidense argumentó que Ottawa discrimina de manera injusta a determinados productos estadounidenses, especialmente en sectores como lácteos, bebidas alcohólicas y automóviles.
Como respuesta, Trump ordenó aranceles adicionales de 50 por ciento sobre un extenso grupo de importaciones canadienses. Posteriormente, Washington endureció aún más la medida con restricciones y prohibiciones sobre ciertos productos adicionales.
La nueva demanda alega que el presidente está utilizando una ley antigua como sustituto de otras herramientas arancelarias que ya han sido cuestionadas o limitadas por los tribunales.
Los abogados de Gellert sostienen que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la facultad principal de imponer aranceles y regular el comercio exterior. También argumentan que leyes comerciales posteriores limitaron el alcance práctico de la Section 338 y establecieron procedimientos más estrictos para aplicar tarifas de esta magnitud.
La empresa demandante pide que el tribunal declare ilegales las tarifas, bloquee su cobro y ordene la devolución, con intereses, de los montos ya pagados por importadores afectados.
Además, Gellert solicita que el caso sea tratado como una class action, lo que permitiría incluir a otros importadores estadounidenses perjudicados por las medidas contra Canadá.
La compañía afirma que los aranceles afectan directamente su negocio, encarecen productos para consumidores y clientes comerciales en Estados Unidos y alteran cadenas de suministro construidas durante años entre empresas canadienses y estadounidenses.
El caso representa el cuarto gran desafío judicial contra políticas arancelarias de Trump durante su segundo mandato.
En meses anteriores, distintos demandantes ya habían llevado a los tribunales otras medidas comerciales del presidente, alegando que la Casa Blanca ha intentado justificar amplios aranceles bajo distintas leyes para mantener una política que previamente encontró resistencia judicial.
La nueva demanda surge además en un momento de relaciones tensas entre Ottawa y Washington.
Después del fracaso de las conversaciones bilaterales en agosto, Canadá respondió con represalias comerciales contra determinados productos estadounidenses. Aunque funcionarios de ambos países han mantenido contactos, todavía no se ha anunciado una reanudación formal de negociaciones de alto nivel.
Para Canadá, el litigio en Estados Unidos añade presión interna sobre una política comercial que ha golpeado a exportadores de sectores como alimentos, bebidas, materiales de construcción y artículos deportivos.
Para los demandantes, el caso va más allá del debate económico y se centra en una pregunta constitucional: hasta dónde puede llegar un presidente estadounidense al imponer aranceles sin una autorización más clara y específica del Congreso.
El proceso apenas comienza y todavía no existe una decisión del tribunal.
Sin embargo, el resultado podría tener implicaciones importantes no sólo para el conflicto comercial con Canadá, sino también para futuras disputas sobre el alcance del poder presidencial en la política comercial de Estados Unidos.
