El gobierno del primer ministro Mark Carney se dispone a presentar este lunes una amplia legislación económica que busca acelerar la aprobación de grandes proyectos, fortalecer las cadenas de suministro y modificar aspectos del Código Laboral de Canadá, en momentos en que el Parlamento retoma sus sesiones de otoño.
La iniciativa, denominada Building Canada Strong Act, será una de las principales prioridades legislativas del gobierno durante los próximos meses. Carney ha descrito el nuevo estándar para proyectos federales con una frase sencilla: “un proyecto, una revisión, un año”, con el objetivo de reducir duplicaciones y ofrecer decisiones más rápidas a inversionistas y comunidades.
El primer ministro anunció la semana pasada que su gobierno quiere extender a más proyectos la rapidez que ya intenta aplicar mediante el Major Projects Office. Esa oficina ha recibido hasta ahora 27 iniciativas relacionadas con puertos, minas, energía y corredores de transporte que, según Ottawa, representan alrededor de $500 mil millones en oportunidades potenciales de inversión privada.
La propuesta no significa necesariamente que todos los proyectos recibirán aprobación en un año. El compromiso anunciado es que el proceso federal llegue a una decisión dentro de ese plazo, ya sea positiva o negativa. Todavía falta conocer cómo se coordinarán las evaluaciones federales con procesos provinciales, consultas indígenas y requisitos ambientales.
El proyecto también incluirá cambios al Canada Labour Code, una parte que podría generar considerable debate.
El gobierno estudió durante el verano posibles modificaciones a la sección 107 del código, que actualmente permite al ministro responsable tomar medidas para mantener la paz laboral y remitir disputas al Canada Industrial Relations Board. Las consultas oficiales incluyeron propuestas sobre límites y criterios para utilizar ese poder, así como mecanismos para acelerar arbitrajes, combatir negociación de mala fe y mejorar la resolución de conflictos.
Fuentes gubernamentales citadas por medios canadienses indican que Ottawa podría establecer de manera más explícita la autoridad ministerial para ordenar el fin de determinadas paralizaciones laborales y enviar disputas a arbitraje vinculante en sectores considerados críticos, como ferrocarriles y puertos. Los sindicatos han expresado preocupación de que un uso más amplio de esa facultad pueda reducir el poder de negociación colectiva, mientras empleadores han pedido mayor previsibilidad para evitar interrupciones prolongadas en cadenas de suministro.
El gobierno señala, sin embargo, que su intención no es eliminar el derecho de huelga. El Government House Leader y ministro de Transporte, Steven MacKinnon, ha dicho que Ottawa busca facilitar acuerdos colectivos y reservar cualquier intervención para situaciones excepcionales con consecuencias económicas o sociales importantes.
La legislación forma parte de una estrategia económica más amplia presentada por Carney durante el Canada Investment Summit. El gobierno quiere movilizar aproximadamente $1 trillón en inversión durante cinco años, reducir tiempos regulatorios y convertir a Canadá en una jurisdicción más competitiva para nuevas inversiones.
El regreso del Parlamento también traerá otros proyectos importantes. El gobierno prevé legislar la extensión del alivio federal al impuesto sobre gasolina y diésel y avanzar con iniciativas relacionadas con seguridad digital, inteligencia artificial y regulación de contenidos en línea.
La oposición conservadora ha pedido igualmente procesos de aprobación más rápidos y un sistema tributario más simple, aunque todavía falta conocer su posición sobre todas las disposiciones de la nueva ley una vez presentado el texto completo.
El verdadero alcance del Building Canada Strong Act quedará claro cuando sea presentado formalmente. Pero el mensaje político del gobierno ya está definido: Ottawa quiere que Canadá pueda aprobar infraestructura y proyectos económicos con mayor rapidez, al mismo tiempo que intenta reducir interrupciones en sectores considerados esenciales para el comercio y la economía nacional.
