Rodrigo Díaz M.

Una batalla de años sobre cómo regular los alquileres a corto plazo en Toronto empezó ayer y continuará esta semana en el Tribunal de Apelaciones de Planificación Local (LPAT, por sus siglas en inglés) de la provincia.

El reglamento, que se centra en los alquileres a corto plazo disponibles a través de empresas como Airbnb y Vrbo, fue aprobado por el Consejo en 2018. Múltiples anfitriones apelaron las reglas antes de que pudieran ser puestas en práctica.

Al comienzo de los procedimientos de apelación el lunes, la abogada de la ciudad Sarah O’Connor subrayó que la práctica popular de alquilar unidades a corto plazo presenta múltiples desafíos para la ciudad, como la desestabilización de las urbanizaciones residenciales establecidos, pasando por cuestiones de vivienda asequible.

Un informe de 2019 sugería que se podrían añadir unas 6500 viviendas al mercado de la vivienda de Toronto si el Airbnb cumpliera voluntariamente con las normas propuestas.

Esas normas incluyen la restricción del alquiler a la residencia principal del propietario, y exigirían que los anfitriones se inscribieran en la ciudad y pagaran un impuesto municipal de alojamiento del 4%.

Los reglamentos propuestos también permitirían alquilar una residencia principal completa cuando un propietario o inquilino a largo plazo está ausente, hasta 180 noches al año.

Según algunos críticos, las propuestas no solucionarían la crisis de vivienda de Toronto, con miles de unidades más que se necesitan anualmente, más allá de lo que se podría generar convirtiendo las unidades de alquiler a corto plazo en opciones de vivienda convencionales.

 

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