Grupos defensores de los refugiados están tomando medidas legales con la esperanza de anular el Acuerdo de Tercer País Seguro que existe entre Canadá y los Estados Unidos, y que ha llevado a miles de solicitantes de asilo a enfrentar frías temperaturas, caminos con nieve hasta la cintura y ríos congelados, en la travesía de cruzar a pie la frontera de Canadá.
Por Oscar Vigil
TORONTO. En lo que va del año, más de 3,000 personas que vivían en los Estados Unidos, y que en su mayoría están huyendo de la represión de Donald Trump contra los inmigrantes, han entrado a Canadá por lugares remotos y sin vigilancia a lo largo de la frontera. Al hacerlo, pretenden burlar un acuerdo que data desde el 2004 entre Canadá y Estados Unidos, el cual obliga a la mayoría de los migrantes a solicitar asilo en el primer país al que llegan.
Las organizaciones defensoras de los refugiados han advertido durante mucho tiempo que el pacto, conocido como el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA, por sus siglas en inglés) alienta a los migrantes a tomar rutas largas y arriesgadas para ingresar a Canadá y presentar sus solicitudes en el interior del país, donde el acuerdo no se aplica.
Hace varios días, después de meses de presionar sin éxito al gobierno canadiense para que considere suspender o rescindir el acuerdo, tres de estos grupos llevaron su batalla hasta los tribunales canadienses.
“Estados Unidos nunca fue seguro para todos los refugiados y ahora es menos seguro”, dijo Loly Rico, del Consejo Canadiense para los Refugiados (Canadian Council for Refugees, CCR), uno de los grupos que respaldan el desafío legal. “Está mal, moralmente y legalmente, enviar a los solicitantes de refugio de regreso a los Estados Unidos, sabiendo como nosotros sabemos que pueden enfrentar serias violaciones de sus derechos básicos”, apuntó.
Junto con Amnistía Internacional y el Consejo Canadiense de Iglesias, el grupo de Loly Rico se ha sumado a una demanda judicial presentada por una mujer que huyó a Estados Unidos desde El Salvador.
La mujer salvadoreña y sus dos hijas están desafiando esta legislación que prohíbe su entrada por tierra a Canadá, a través de un puerto de entrada, y es la primera vez que un tribunal ha oído una objeción legal con un caso real.
La mujer, cuyos abogados han pedido que se identifique sólo como “E”, fue rechazada bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro cuando llegó a la frontera entre Canadá y Estados Unidos el mes pasado.
La denegación de su demanda de refugio puso en marcha un desafío constitucional que puede durar meses pero que podría derribar una ley ampliamente criticada dado que se ha constituido como el factor motivador para que miles de solicitantes de asilo crucen la frontera ilegalmente.
Después de 12 horas de espera en una oficina de inmigración en la frontera, a “E” y a sus hijas se les permitió entrar en Canadá brevemente. Pasaron la noche en Toronto con su esposo, la primera vez que lo veían en 12 años, y luego tuvo que regresar a la frontera para esperar.
A “E” le preocupaba que el presentar una solicitud de asilo en los Estados Unidos implicara un mayor riesgo de ser detenida y eventualmente deportada a su país de origen.
Los abogados de “E” dicen que ella y sus hijas huyeron de El Salvador en noviembre del año pasado, con la esperanza de escapar de las pandillas cuyos miembros la violaron y aterrorizaron a su familia. La violencia de pandillas es una de las principales razones por las que muchas personas están huyendo de El Salvador y de Honduras.
El abogado Prasanna Balasundaram y sus colegas del Downtown Legal Services de Toronto argumentan que Estados Unidos no es un país seguro y que se ha vuelto menos desde que el presidente Donald Trump otorgó a los funcionarios de inmigración poderes más amplios para detener y deportar a las personas. Sostienen que la STCA es discriminatorio y viola la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
Por su parte, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, respondió a la demanda legal diciendo que sigue apoyando el acuerdo, al que describió como una “herramienta importante” para manejar las solicitudes de refugio hechas en Canadá y en los Estados Unidos.
El ministro, que llegó a Canadá como refugiado hace ya varias décadas, sostiene que el acuerdo facilita el procesamiento “ordenado” de los refugiados y que Estados Unidos sigue siendo un país seguro.
“Acuerdos similares son utilizados por países de todo el mundo para disuadir contra las compras de asilo y controlar las presiones sobre los sistemas de asilo”, dijo un portavoz del ministerio.
“Canadá ha analizado cuidadosamente los recientes acontecimientos en Estados Unidos, incluidos los mandatos ejecutivos relacionados con asuntos de inmigración y refugiados, y determinó que Estados Unidos sigue siendo un país seguro para que los solicitantes de asilo busquen protección allí”, agregó.
El acuerdo de 2004 ha sido impugnado ante un tribunal antes: Un juez lo anuló en el 2007, pero esa decisión fue anulada en apelación.
“Las preocupaciones que se plantearon en el 2004 siguen existiendo, y en muchos aspectos han empeorado”, dijo Gloria Nafziger, de Amnistía Internacional, señalando las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Trump para ampliar significativamente la detención y acelerar la expulsión de los migrantes.
De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá, durante los primeros seis meses del presente año se han interceptado a 3,461 solicitantes de asilo entrando de forma ilegal por diversos puntos de la frontera canadiense.
CITA
“Estados Unidos nunca fue seguro para todos los refugiados y ahora es menos seguro”, dijo Loly Rico, del Consejo Canadiense para los Refugiados
CIFRA
3,461
Es el número de solicitantes de asilo que entraron de forma ilegal por puntos ciegos de la frontera canadiense durante los primeros seis meses del año
