BRAMPTON, ONTARIO — Los más de 2,200 trabajadores de Stellantis que permanecen sin empleo desde 2023 enfrentan nuevas incertidumbres después de que Roman Shimonov, director ejecutivo de Roshel, asegurara este martes 10 de noviembre que su compañía no asumirá las obligaciones laborales de la automotriz. La declaración se produjo un día después de anunciarse un acuerdo para vender la planta de ensamblaje de Brampton a Roshel, fabricante canadiense de vehículos blindados para defensa y seguridad.
Durante una entrevista con CP24 Breakfast, Shimonov explicó que su empresa dará prioridad a candidatos de Brampton cuando comience a contratar personal, pero rechazó asumir responsabilidades derivadas de compromisos laborales anteriores de Stellantis. Según el empresario, una compañía competitiva no puede hacerse cargo de las obligaciones de otras empresas. También señaló que Roshel no participará como parte responsable en las negociaciones entre Stellantis, el sindicato Unifor y los gobiernos federal y provincial.
Las declaraciones generan preocupación entre los trabajadores que esperaban regresar a sus puestos después de la modernización originalmente prevista para la planta. La instalación suspendió sus operaciones en diciembre de 2023 y permaneció inactiva mientras Stellantis revisaba sus planes de producción. La situación se agravó cuando la automotriz decidió trasladar la fabricación del Jeep Compass a Estados Unidos, dejando sin fecha de reapertura las instalaciones de Brampton.
Roshel defiende la adquisición como una oportunidad para recuperar la actividad industrial y convertir las instalaciones en un centro de manufactura avanzada. Shimonov sostiene que el proyecto podría generar miles de empleos y ha manifestado su disposición a contratar a antiguos trabajadores de Stellantis. Sin embargo, todavía no existen garantías públicas de que los 2,200 empleados afectados recuperarán sus puestos, salarios o beneficios anteriores. Tampoco se ha confirmado un calendario definitivo de contratación.
La presidenta nacional de Unifor, Lana Payne, calificó la venta como una traición a los trabajadores y cuestionó que el nuevo propietario pueda ofrecer empleos equivalentes a los de la industria automotriz. El sindicato sostiene que Stellantis está incumpliendo compromisos laborales y obligaciones asumidas ante el gobierno canadiense. También advierte que la pérdida de producción automotriz podría afectar a empresas proveedoras y otros negocios que dependen de la actividad de la planta.
La ministra federal de Industria, Mélanie Joly, recordó que la decisión de vender las instalaciones no elimina las obligaciones previamente adquiridas por Stellantis. El gobierno federal había comprometido recursos públicos para apoyar la modernización de sus plantas en Ontario y ha advertido que podría exigir la devolución de fondos si se incumplen las condiciones correspondientes. Joly anunció gestiones para reunir durante esta semana a representantes de la empresa, Unifor, el gobierno provincial y los trabajadores, con el propósito de buscar una solución que proteja los empleos.
Por su parte, Stellantis sostiene que reconoce sus responsabilidades conforme a los convenios colectivos y las leyes aplicables, y que está dispuesta a negociar una solución con el sindicato. El acuerdo de venta incluye las instalaciones y equipos de la planta por un monto no divulgado. Las compañías esperan completar la operación antes de finalizar 2026, una vez satisfechas las condiciones regulatorias y gubernamentales correspondientes.
Para Brampton, la situación representa un desafío que va más allá de una transacción comercial. Miles de familias han dependido durante años de empleos industriales estables, mientras los comercios locales y proveedores también han construido sus actividades alrededor de la industria automotriz. La posible llegada de nuevos proyectos manufactureros ofrece perspectivas de recuperación económica, pero la preocupación inmediata continúa siendo el futuro de quienes perdieron su trabajo.
La atención se concentra ahora en las negociaciones entre Stellantis, Unifor y los gobiernos. Los trabajadores esperan conocer qué compensaciones, oportunidades de recontratación y medidas de protección estarán disponibles. La reactivación de la planta será una noticia positiva para la economía regional, pero su impacto social dependerá también de las soluciones que se consigan para las familias afectadas.
