La iniciativa surge en medio de las tensiones comerciales entre ambos países y propone investigar las restricciones impuestas por varias provincias canadienses a bebidas alcohólicas estadounidenses.
Washington, D.C. Un grupo de legisladores republicanos en Estados Unidos presentó un proyecto de ley que busca responder a las restricciones impuestas por varias provincias canadienses a la venta de bebidas alcohólicas provenientes de ese país, una medida que refleja la persistente tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos.
La propuesta, denominada Combating Attacks on our National Alcoholic Drinks by Allies (CANADA) Act, fue presentada por la congresista republicana Claudia Tenney, representante del estado de Nueva York. De aprobarse, obligaría al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a iniciar, en un plazo de 30 días, una investigación formal sobre las restricciones aplicadas por las juntas provinciales de control de bebidas alcohólicas en Canadá.
Los promotores del proyecto sostienen que las medidas adoptadas por varias provincias canadienses discriminan a los productores estadounidenses de vino, cerveza y licores, limitando su acceso a uno de sus principales mercados de exportación. Según Tenney, los fabricantes estadounidenses “merecen un acceso justo al mercado canadiense y no un trato discriminatorio”.
La iniciativa llega después de que ocho provincias canadienses restringieran o suspendieran la compra y distribución de bebidas alcohólicas estadounidenses como respuesta a los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump sobre diversos productos canadienses. Entre ellas se encuentra Ontario, donde la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) retiró de sus estanterías los productos alcohólicos provenientes de Estados Unidos como parte de las medidas de represalia económica.
Antes de la aplicación de estas restricciones, Ontario importaba aproximadamente 965 millones de dólares en bebidas alcohólicas estadounidenses al año, incluyendo cerveza, vino y bebidas listas para consumir. La suspensión de esas compras ha afectado a numerosos productores estadounidenses, especialmente a pequeñas bodegas, cervecerías artesanales y destilerías.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reconocido que las restricciones provinciales al alcohol representan un punto de fricción dentro de la relación comercial bilateral, aunque recordó que la regulación de la venta de bebidas alcohólicas es una competencia de los gobiernos provinciales y no del gobierno federal.
Por su parte, varios gobiernos provinciales han dejado claro que las restricciones podrían revisarse únicamente si Estados Unidos elimina los aranceles que motivaron las represalias. En New Brunswick, por ejemplo, la primera ministra Susan Holt declaró anteriormente que estaría dispuesta a restablecer la venta de productos estadounidenses si Washington revierte las medidas comerciales que afectan a Canadá.
Expertos en comercio internacional consideran que, aun si el proyecto de ley avanza en el Congreso estadounidense, su aprobación no significaría la imposición automática de sanciones. La legislación abriría un proceso de investigación que podría derivar en negociaciones, acciones legales bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o eventuales medidas comerciales adicionales.
Mientras continúan las conversaciones entre ambos países para reducir las tensiones comerciales, el debate sobre la venta de bebidas alcohólicas se ha convertido en un nuevo capítulo de una relación económica que sigue siendo una de las más importantes del mundo, con miles de millones de dólares en intercambio comercial cada año.
