Por Vilma Filici
Al haber dado un lugar de nacimiento incorrecto, éste ha quedado registrado en sus documentos de inmigración y posteriormente en su ciudadanía canadiense, y por tanto hoy podrían quitarle no solamente la ciudadanía canadiense, sino que también la residencia permanente, y eventualmente deportarla, si se determina que el lugar de nacimiento era un hecho determinativo en la decisión de otorgarle a su madre, a ella y a sus hermanas, la residencia permanente en Canadá.
Esto es posible por la nueva Ley de Ciudadanía que está vigente en Canadá, la cual fue propuesta por el anterior gobierno conservador y fue apoyada por el Partido Liberal.
Bajo esta legislación, una persona en una situación como en la que se encuentra la ministra Monsef no tiene derecho a una audiencia en la cual pudiera probar que hay razones humanitarias y de compasión, que van más allá de la ley, que le permitan seguir viviendo en el país a pesar de que aparentemente haya habido un fraude migratorio.
Es interesante que en estos momentos se esté juzgando no solamente a la ministra Monsef, sino que a toda persona que se encuentra en una situación similar, con las leyes que están actualmente en efecto, cuando estas personas llegaron al país hace más de 30 años, tiempo en el cual las leyes eran mucho más relajadas y por tanto un refugiado podía llegar a Canadá sin tener documentación y de todas maneras se le procesaba el caso, no se le detenía. Se le hacían preguntas y estudios para determinar su nacionalidad, pero sin penalizarlos por llegar sin documentación o por decir que eran de un país donde en realidad no habían nacido.
La nueva ley fue introducida por el gobierno conservador de forma retroactiva, por lo cual afecta directamente tanto a la ministra Monsef como a cualquier otra persona que se encuentre en situaciones similares, no importa cuando haya llegado al país.
Los medios de comunicación y los especialistas están hablando sobre las posibles consecuencias de que a esta mujer se le quite la ciudadanía porque en realidad nació en Irán y no en Afganistán, tal y como dicen sus documentos de identidad. Ella ha dicho que llegó a Canadá cuando tenía 11 años de edad, que no fue ella quien dijo en qué país había nacido, sino que lo hizo su madre y que ella recién se ha enterado de su lugar de nacimiento. Creo que se debería tener en cuenta que en el momento de su llegada era menor de edad y no se le puede hacer responsable de la información que diera su madre y que aparece en los documentos.
Pero es interesante que nadie haya dicho que la mamá de la ministra Monsef era una viuda con varias hijas escapando de un país donde el abuso hacia las mujeres es reconocido internacionalmente, haya sido ese Irán o Afganistán. La madre y las hijas estaban en peligro, y una madre, como haría cualquier persona que se encuentre en peligro en cualquier país del mundo, usó los recursos que pudo para llegar a un lugar seguro donde pudo obtener protección.
Obviamente si no tuviéramos la nueva ley de ciudadanía vigente en este momento, el caso de la ministra Monsef y de otras personas que se encuentran en situaciones similares sería resuelto simplemente con una solicitud a la Corte de Apelación de Inmigración demostrando la situación que se vivía en esos países hace treinta años, y la situación que se continúa viviendo particularmente para las mujeres. Se podría argumentar el excelente perfil de la ministra y todos los estudios y trabajos que ha hecho, así como también su contribución política. Pero dado que el gobierno anterior, con el apoyo del Partido Liberal, votaron a favor de dicha ley, esto no se puede hacer.
El actual gobierno está implementando esta legislación al pie de la letra y hasta hay reportes de que a cierto número de personas se les quita la ciudadanía mensualmente. Y estamos hablando de personas que han cometido un error en su trámite, como el cometido por la Ministra Monsef, ya sea por necesidad, ignorancia, confusión, etc.
Durante la campaña electoral el Partido Liberal dijo que iba a hacer algunos cambios a esta ley, y el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John McCallum, ha dicho que efectivamente va a hacer cambios, particularmente en la sección que dice que se le puede revocar la ciudadanía a personas que sean acusadas de crímenes serios y sean encontradas culpables, aun si son nacidos en Canadá pero que tienen doble ciudadanía. Eso está bien claro que es uno de los cambios que piensan hacer.
La expectativa que yo tengo es que en vista de lo que está sucediendo con uno de sus propios ministros, el actual gobierno se dé cuenta de la gravedad y la injusticia del hecho de que a una persona que se considere culpable de haber dado testimonio falso, cualquiera sea la razón, se le quiera revocar la ciudadanía sin darle la oportunidad de apelación ante la Cote de Apelaciones de Inmigración.
Porque con la actual legislación prácticamente no tiene ningún derecho. No tiene derecho a apelar, sino que es el Ministro quien toma la decisión, la persona es informada y tiene derecho a una revisión judicial, la cual se limita a ver si hubo errores legales en el fallo. Pero generalmente no hay errores legales porque la ley dice que, si la persona mintió en el trámite o fue encontrada culpable de ciertos crímenes, automáticamente recibe una revocatoria.
Lo que se necesita es que se establezca el mismo procedimiento que se le da a cualquier otra persona, que pueda presentar su caso ante la Corte de Apelaciones de Inmigración para que, si bien no haya habido un error legal, por razones humanitarias y de compasión se le pueda permitir permanecer en el país.
En este sentido, creo que el caso de la ministra Monsef es una excelente oportunidad para que este gobierno analice nuevamente su posición ante esta ley, dado que se está afectando a una miembro de su propio gabinete. Puede hacer los cambios necesarios que sean justos, que no penalice a las personas por acciones hechas por desesperación para salvar sus vidas y las de su familia o por errores cometidos involuntariamente, como es el caso de la Ministro Monsef.
