TORONTO — El gobierno de Ontario remitió a la Ontario Provincial Police, OPP, preocupaciones relacionadas con el uso del Ontario Student Assistance Program, OSAP, en instituciones privadas de educación postsecundaria, después de que una auditoría preliminar identificara posibles irregularidades en solicitudes y procesos de verificación.
El ministro de Colleges, Universities, Research Excellence and Security, Nolan Quinn, informó que el gobierno también notificó a la auditora general de Ontario y suspendió temporalmente todos los pagos de OSAP asociados con instituciones privadas mientras continúa una revisión independiente.
La provincia contrató en agosto a la firma KPMG para evaluar la integridad de las solicitudes de asistencia estudiantil en el sector privado. Según Quinn, los hallazgos preliminares plantearon “serias preocupaciones” que justifican una investigación más amplia.
Entre los problemas identificados se encuentran instituciones con propietarios en común, participación de empresas que ofrecen servicios de inmigración, colegios que comparten instalaciones con compañías dedicadas al reclutamiento o asesoría migratoria, deficiencias en la verificación de estudiantes y de su participación real en los cursos, y concentraciones inusualmente elevadas de solicitudes de OSAP procedentes de determinadas áreas geográficas.
El hecho de que el asunto haya sido remitido a la OPP no significa que se hayan presentado cargos ni que alguna institución haya sido declarada responsable de actividad criminal. La investigación deberá determinar si existen fundamentos para tomar otras acciones.
El Ministerio señaló que comenzó a recibir un volumen creciente de quejas a finales de 2024. Posteriormente amplió su supervisión y en julio de 2025 inició inspecciones específicas. En mayo de este año, seis campus recibieron notificaciones de que no se renovaría su elegibilidad para OSAP y posteriormente fueron suspendidos del programa.
El tamaño del gasto ha llamado especialmente la atención. The Canadian Press informó que estudiantes de solamente siete career colleges privados recibieron aproximadamente $385 millones en subvenciones provinciales de OSAP durante el año académico 2024-25, una cantidad similar a la destinada en ese período a estudiantes de todos los colleges públicos de Ontario.
La controversia llega después de que la provincia modificara el sistema de asistencia financiera para el ciclo académico 2026-27. Desde agosto, los estudiantes de career colleges ya no reciben la parte provincial de OSAP en forma de grants o subvenciones; esa asistencia se proporciona ahora mediante préstamos que deben ser reembolsados.
Mientras avanza la auditoría, la suspensión general de pagos está generando incertidumbre para estudiantes e instituciones que no han sido señaladas por irregularidades.
Career Colleges Ontario sostuvo que había alertado previamente al gobierno sobre actividades que consideraba sospechosas y pidió que cualquier medida se dirija específicamente contra quienes hayan actuado incorrectamente, en lugar de afectar a todo el sector.
Algunos estudiantes ya llevan varias semanas de clases sin saber cuándo recibirán la asistencia financiera con la que contaban para pagar matrícula, libros y gastos cotidianos.
Entre las instituciones afectadas por la suspensión general se encuentra Mothercraft, que ofrece programas de educación infantil y señala mantener un sólido historial de cumplimiento. Sus directivos expresaron preocupación porque estudiantes que dependen de OSAP podrían verse obligados a abandonar sus estudios si el financiamiento continúa retrasándose.
El gobierno provincial reconoció el impacto y anunció que está explorando opciones para proporcionar préstamos de bajo interés a través de terceros mientras se completa la revisión. También mantiene conversaciones con instituciones financieras para desarrollar esa alternativa.
Ontario planea además introducir legislación para excluir de OSAP a programas de career colleges privados que se impartan predominantemente en línea, debido a que buena parte de las preocupaciones identificadas hasta ahora se concentra en ese tipo de programas.
Las autoridades han indicado que todas las instituciones privadas deberán cumplir criterios más estrictos antes de recuperar la elegibilidad para OSAP.
El desafío para la provincia será determinar si existió un uso indebido de fondos públicos y establecer responsabilidades sin perjudicar a miles de estudiantes que se inscribieron legítimamente y dependen de la asistencia financiera para completar su educación.
