Rodrigo Díaz M.
El gobierno de Ontario ha anunciado que no avanzará en la promulgación de una política de vacunación obligatoria contra el COVID-19 para los trabajadores de los hospitales públicos.
La provincia explicó que tomó su decisión después de hablar con los hospitales y los socios de la atención de la salud sobre el impacto potencial de una política de esa magnitud implicaría.
En un comunicado, el gobierno de Ford dijo que se trata de una cuestión compleja, pero señaló el impacto negativo que tuvo una política similar en el sistema sanitario de British Columbia, donde se despidió a más de tres mil trabajadores, lo que obligó a cancelar cirugías y pruebas diagnósticas.
Se pidió a los hospitales, a los responsables médicos locales de la sanidad y a otras organizaciones sanitarias que aportaran su opinión, y el lunes la ministra de Sanidad, Christine Elliott, dijo que la provincia tenía suficiente información para tomar su decisión.
Ford también dijo que las altas tasas de vacunación en los hospitales y las fuertes medidas de control de brotes significan que los hospitales son seguros y pueden gestionar los posibles brotes.
A pesar de la decisión del gobierno de no convertirla en una política obligatoria en toda la provincia, varios hospitales ya han implementado sus propios mandatos y han visto cómo aproximadamente el 2% del personal ha sido puesto en licencia no remunerada o despedido.
Elliott dijo que los hospitales son libres de seguir aplicando sus propios mandatos. La Asociación de Hospitales de Ontario (OHA) dijo que apoyaba una política obligatoria, pero que otros hospitales expresaron a la provincia que estaban preocupados por lo que haría a sus recursos humanos de salud.
Cuando se le preguntó si la provincia estaba poniendo en riesgo a las personas con la posibilidad de ser atendidas por un trabajador sanitario no vacunado, Elliott respondió diciendo que los trabajadores se someten a rigurosas pruebas.
Poco después del anuncio, la OHA se mostró “decepcionada” por la decisión de la provincia.
“Nuestra provincia ha pasado casi dos años en una lucha incansable contra el COVID-19 y el impacto en nuestra economía, en el sistema sanitario y en la salud humana ha sido devastador. En esta importante coyuntura, Ontario no puede permitirse el lujo de bajar la guardia”, decía el comunicado en nombre del presidente y director general de la asociación, Anthony Dale. Doris Grinspun, directora de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, calificó la decisión como “una vergüenza para los pacientes y para la gran mayoría de los trabajadores sanitarios que apoyan desesperadamente la vacunación obligatoria”.
