Por Guillermo Fernández Ampié*
Recientemente se conoció que Canadá suspendió la ayuda económica que brindaba al gobierno de Nicaragua. Según la información, la medida es en respuesta a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega, el histórico comandante y principal líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a quien se estaría sancionando de esta manera.
De acuerdo con declaraciones de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense, citada por la televisora pública CBC, el gobierno de Justin Trudeau “está preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos y la desaceleración económica en Nicaragua”. La funcionaria agregó que “las acciones represivas del presidente Ortega contra su pueblo son inaceptables” y que el gobierno de Canadá considera diversas opciones políticas y diplomáticas “para apoyar al pueblo nicaragüense”.
La disposición fue celebrada con júbilo por los sectores que se oponen a Ortega y que, desde abril del año pasado, cuando estallaron violentas protestas antigubernamentales, exigen su renuncia y se adelanten las elecciones presidenciales programadas hasta 2021. Por su parte, el gobierno de Nicaragua no ha hecho ningún comentario.
Ciertamente es loable la preocupación de las autoridades canadienses por los derechos humanos y el bienestar de los nicaragüenses, pero su disposición también refleja un doble estándar. O bien, como se dice en buen centroamericano, una “doble vara” para medir la represión y las violaciones a los derechos humanos en los distintos países centroamericanos.
Sostengo lo anterior porque la misma semana en que Canadá decidió castigar al gobierno de Nicaragua por actos represivos contra su propia población, también se supo que la Policía hondureña y elementos de la seguridad privada de Aura Minerals/Minosa, empresa minera de capital canadiense-estadounidense, reprimieron severamente a pobladores de la comunidad Azacualpa de Copán, localidad ubicada al noroeste hondureño.
Los habitantes de esta comunidad rechazan y mantienen una fuerte resistencia contra el proyecto de la minera canadiense-estadounidense, que sin exhibir los permisos correspondientes y pasando por encima de los derechos de estos campesinos inició trabajos de excavación en la zona, derribó árboles que rodean al poblado y destruyó parte del cementerio de la comunidad.
Según denuncia publicada por medios de comunicación alternativos y comunitarios, de la cual no se hicieron eco los grandes medios noticiosos, cuando los equipos mecánicos de la minera iniciaron su labor destructiva, hombres, mujeres y niños de Azacualpa se presentaron para detenerlos.
Desde que se enteraron del proyecto minero, los vecinos se organizaron para defender su territorio e interpusieron un recurso de amparo contra las operaciones de la empresa. Además, reunidos en asamblea acordaron que no permitirían el derribo indiscriminado de árboles. Sabiendo esto, cuando la maquinaria de la minera inició operaciones exigieron a los funcionarios de la empresa que mostraran los documentos que les autorizaban a trabajar en la zona. Estos aseguraron que sí contaban con los permisos requeridos, pero no mostraron ningún documento. Ante esa negativa, los azacualpeños se dispusieron a detener a los tractores. Fue entonces cuando las fuerzas policiales y agentes de seguridad privada de la minera arremetieron contra ellos.
Durante la acción represiva, en la que los agentes dispararon contra los pobladores y lanzaron gases lacrimógenos, se provocó un incendio en el bosque que la comunidad apagó rápidamente. A pesar de que varios campesinos resultaron heridos, privó la satisfacción por haber logrado detener la maquinaria ecocida.
Otra noticia que se conoció esos mismos días fue el rechazo del gobierno canadiense a la creación de una figura (Procurador y Ombubsperson) que investigaría las violaciones a los derechos humanos, abusos y daños al medio ambiente que cometen las empresas canadienses en los países donde invierten su capital, una medida que se había comprometido a tomar hace poco más de un año.
Esta figura es necesaria si realmente se desea defender los derechos humanos y el medio ambiente en Centroamérica y en otros países más allá de nuestra región. En Guatemala son bien conocidas las acciones contaminantes y destructivas del medio ambiente que realizan empresas canadienses que explotan la minería a cielo abierto. En este país varios líderes indígenas y campesinos, como Bernardo Caal, guardan prisión injustamente, solo por defender los territorios y el medioambiente en el que subsisten sus comunidades.
El gobierno canadiense parece no tener noticias o hacerse de oídos sordos de estas violaciones. En este sentido, para que su preocupación sea creíble, tendría que impulsar una política coherente y usar la misma vara para proteger los derechos humanos en los distintos países de la región y en cualquier otra parte del mundo. De otra manera, toda disposición tomada con esta excusa, como la asumida contra Nicaragua, fácilmente se interpretará como motivada políticamente.
*Guillermo Fernández Ampié es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ex editor de la revista Barricada Internacional.
