Rodrigo Díaz M.
Los liberales federales han retirado una enmienda de su proyecto de ley contra las de armas de fuego que pretendía incluir una definición de las armas de fuego de asalto prohibidas, alegando “preocupaciones legítimas” sobre la necesidad de realizar más consultas sobre la medida.
Los diputados de la oposición y algunos defensores de las armas de fuego aplaudieron la medida, mientras que un destacado grupo de control de armas la calificó de victoria de la desinformación sobre la enmienda ahora retirada.
En nombre del gobierno, el diputado liberal Taleeb Noormohamed pidió y obtuvo el consentimiento unánime para retirar la enmienda al proyecto de ley C-21 en el comité de seguridad pública de la Cámara de los Comunes la semana pasada.
Entre otras especificaciones, la definición propuesta incluía un rifle o una escopeta semiautomáticos de cañón central diseñados con un cargador desmontable con capacidad para más de cinco cartuchos.
La medida, presentada a finales del año pasado durante la revisión del proyecto de ley cláusula por cláusula, se habría basado en una prohibición reglamentaria de más de 1.500 modelos y variantes de lo que el gobierno considera armas de fuego de asalto, como el AR-15 y el Ruger Mini-14, de mayo del 2020.
Hubo varios debates sobre qué se incluía exactamente en la definición y qué no, porque sólo se aplicaba a algunas variantes de determinados modelos que cumplían los criterios, armas que el gobierno considera inadecuadas para uso civil.
Aun así, los diputados conservadores y algunos defensores de las armas dijeron que la medida apuntaba injustamente a muchos rifles y escopetas de uso común.
Los liberales también se vieron presionados por muchos de sus propios diputados para que cambiaran o retiraran la definición de armas prohibidas.
El ministro de seguridad pública, Marco Mendicino, dijo en una declaración escrita publicada en Twitter que el gobierno se había comprometido a presentar “una definición clara y estándar de lo que constituye un arma de fuego de asalto”.
Intentó hacerlo con la enmienda, pero Mendicino reconoció que “se han planteado preocupaciones legítimas sobre la necesidad de más consultas y debates sobre esta parte vital del proyecto de ley”.
En las últimas semanas recorrió el país para reunirse con canadienses preocupados, entre ellos miembros de la Asociación de Caza y Pesca del Yukón.
“Escuchamos esas preocupaciones alto y claro, lamentamos la confusión que este proceso ha causado y estamos comprometidos con una conversación reflexiva y respetuosa que se basa en hechos, no en el miedo”, dijo.
“Se trata de una cuestión emotiva, y los canadienses cuentan con que hagamos las cosas bien. Son cruciales más debates, también con las comunidades indígenas”.
Mendicino dijo que se está trabajando en una nueva solución para mantener las armas de asalto fuera de las calles de Canadá.
Los diputados de los tres principales partidos de la oposición expresaron su alivio por la retirada de la enmienda, aunque los liberales siguieron siendo objeto de duras críticas por tratar de impulsarla en primer lugar.
Al presentar el proyecto de ley a principios de este año, los liberales anunciaron un plan para congelar la importación, compra, venta o cualquier otro tipo de transferencia de armas de fuego para ayudar a frenar la violencia relacionada con las armas de fuego. La normativa federal destinada a limitar el número de armas de fuego en Canadá ya está en vigor.
El proyecto de ley contiene medidas que reforzarían la congelación de las armas de mano. La legislación también permitiría retirar las licencias de armas a las personas que cometan actos de violencia doméstica o acoso criminal, así como aumentar las penas máximas por contrabando y tráfico de armas de 10 a 14 años.
Noormohamed dijo que los liberales son conscientes de que la retirada de la enmienda sobre las armas de fuego de asalto también elimina una referencia a las “armas fantasma” de fabricación casera, que son difíciles de rastrear.
La proliferación de las impresoras 3D ha hecho aumentar el número de “armas fantasma”, creando un nuevo problema para la policía y los tribunales.
El gobierno tiene la intención de encontrar una manera de garantizar que el proyecto de ley C-21 siga abordando esta cuestión.
