Rodrigo Díaz Maingon
El desafío constitucional de Ontario a la imposición por parte de Ottawa de un cargo por emisiones de carbono se dejó en manos de cinco jueces de la Corte de Apelaciones.
En el transcurso de la audiencia de cuatro días, la corte más importante de Ontario escuchó advertencias sobre los peligros de las emisiones de gases de efecto invernadero sin control.
Los grupos indígenas, por ejemplo, destacaron su vulnerabilidad al calentamiento global, dijeron que podrían destruir su forma de vida.
Los abogados federales argumentaron que la ley es una respuesta legítima al cambio climático que, de no hacer nada al respecto, podría ser potencialmente catastrófico.
La ley, que solo se aplica en Ontario, New Brunswick, Manitoba y Saskatchewan, cuatro provincias de Ottawa que no cumplen con los estándares nacionales, impone un impuesto sobre la gasolina, otros combustibles fósiles y la industria.
El gobierno federal mantiene que el impuesto en Ontario, que actualmente es de cuatro centavos por litro de gasolina, es un cargo regulatorio diseñado para cambiar el comportamiento a favor de menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Ontario considera que el cargo es un impuesto ilegal, otra violación de la Constitución.
En total, 14 personas que intervinieron durante las audiencias, entre ellas representantes de algunas provincias, grupos indígenas y organizaciones ambientales y de negocios, se alinearon para defender o atacar la ley federal, con la mayoría posicionándose del lado de Ottawa.
Es probable que los jueces demoren varios meses para emitir su decisión sobre este asunto.