Rodrigo Díaz M.
El gobierno federal anunció el lunes que ha presentado una ley que pretende congelar la compra, la venta, la importación y el comercio de armas de fuego en todo el país.
Se trata de una de las medidas de control de las armas de fuego incluidas en el nuevo proyecto de ley C-21, que también se centra en el contrabando y el tráfico de armas, así como en los maltratadores domésticos que poseen armas de fuego, entre otras restricciones. El proyecto de ley también aumentará las penas por delitos relacionados con las armas de fuego.
“No es algo fácil de hacer, pero todos estamos de acuerdo en que es lo más responsable”, dijo el primer ministro Justin Trudeau al anunciar las nuevas medidas.
“Aparte del uso de armas de fuego con fines deportivos y para la caza, no hay ninguna razón para que nadie en Canadá las necesite en su vida cotidiana”.
El nuevo proyecto de ley amplía y refuerza el anterior proyecto de ley C-21, que no fue aprobado por el Parlamento antes de las últimas elecciones federales, y aborda algunas de las preocupaciones planteadas por los expertos y los defensores de la seguridad de las armas de fuego sobre esa legislación.
El proyecto de ley modificaría la Ley de Armas de Fuego para impedir que la mayoría de los individuos compren, vendan o transfieran armas de fuego.
Sólo quedarán exentos de la congelación nacional quienes tengan un certificado de autorización de portación de un oficial encargado de armas de fuego, incluidos los portadores de bienes valiosos, o los tiradores deportivos de élite en una disciplina aprobada por los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
Las empresas seguirán pudiendo vender y transferir armas de fuego a otras empresas, como museos o dentro de la industria del entretenimiento.
Quienes ya posean armas de fuego podrán seguir poseyéndolas y utilizándolas. Sin embargo, sólo podrán transferirlas a empresas o personas exentas. De lo contrario, tendrán que deshacerse de ellas legalmente.
El ministro de seguridad pública, Marco Mendicino, ya ha presentado en el Parlamento las enmiendas reglamentarias para garantizar que la congelación nacional de las armas de fuego pueda aplicarse rápidamente.
“Estas regulaciones ayudarán a detener el crecimiento de las armas de fuego de propiedad personal en Canadá y se espera que entren en vigor en el otoño de 2022”, dijo Mendicino.
Funcionarios del gobierno dijeron más tarde que no prevén un gran aumento de las compras de armas de mano en previsión de que la congelación se convierta en ley.
La congelación prohíbe efectivamente las nuevas armas de mano en todo el país, una medida que no se preveía que formara parte del proyecto de ley. Los liberales habían prometido previamente colaborar con las provincias y los territorios que quisieran una prohibición, lo que, según los defensores del control de armas, crearía un mosaico ineficaz de normas en todo Canadá.
Aunque Trudeau defendió la semana pasada ese enfoque debido a la “variedad de opiniones y puntos de vista en todo el país”, dijo el lunes que el gobierno se dio cuenta de que no era suficiente.
“En nuestras conversaciones con las fuerzas del orden, los defensores y los expertos, se hizo evidente que necesitábamos una solución diferente”, explicó. “Así que decidimos tomar una nueva ruta, algo para abordar este asunto a nivel nacional”.
Según las estadísticas federales, el número de armas de fuego registradas en Canadá aumentó un 71% entre 2010 y 2020, alcanzando aproximadamente 1,1 millones. Las pistolas fueron las armas que se utilizaron en la mayoría de los delitos violentos relacionados con armas de fuego entre 2009 y 2020.
El proyecto de ley C-21 pretende modificar el Código Penal para crear una nueva ley de “bandera roja” que permita a los tribunales exigir que las personas consideradas un peligro para sí mismas o para los demás entreguen sus armas de fuego a la policía. Los jueces también podrán emitir una orden de emergencia de 30 días en la que se exija a terceros que no proporcionen armas de fuego a esas personas.
El gobierno afirma que la medida protegerá la seguridad de las personas que lo soliciten a través del proceso judicial, a menudo mujeres en peligro de sufrir abusos domésticos, protegiendo sus identidades. La decisión de proteger las identidades quedaría a discreción del juez.
