Rodrigo Díaz M.
Según ha revelado la auditora general de la provincia, las empresas de Ontario que no cumplían los requisitos para acogerse a los programas de ayuda contra la pandemia recibieron más de 200 millones de dólares en ayudas provinciales, otras recibieron más dinero del que perdieron y algunas empresas muy afectadas fueron excluidas por completo.
El informe anual de la auditora general Bonnie Lysyk, publicado esta semana, abarca 18 temas, entre los que se encuentran las ayudas económicas a las empresas por el COVID-19, la gestión de los equipos de protección personal, los tiempos de espera en las intervenciones quirúrgicas y los servicios de asistencia.
Los programas de pandemia para las empresas ascendieron a 11.2 billones de dólares, es decir, aproximadamente un tercio del dinero asignado a las ayudas provinciales del COVID-19. Pero en la auditoría se descubrió que esos programas carecían de objetivos claros o de consultas con las empresas más afectadas, y que los criterios de elegibilidad estaban mal definidos, lo que permitió que miles de empresas no elegibles recibieran los fondos.
“Dada la cantidad de dinero, la ausencia de mejores controles o procesos de evaluación es preocupante”, dijo Lysyk en un comunicado. “Incluso en una crisis, deberían existir sistemas para garantizar que sólo las empresas elegibles reciban el dinero de los contribuyentes, y que los fondos del programa lleguen a quienes más los necesitan”.
Uno de esos programas era la Subvención de Apoyo a la Pequeña Empresa de Ontario, que, según la auditoría, carecía de controles para eliminar a los solicitantes que no cumplían los requisitos. Esto significó que se destinaron 210 millones de dólares a 14.500 beneficiarios que no cumplían los requisitos, y que la provincia no está tratando de recuperar, y que todavía se están investigando otros 6 millones de dólares en pagos.
La auditoría descubrió que casi la mitad de las empresas que recibieron subvenciones recibieron más dinero del que realmente perdieron en ingresos, con una diferencia total de más de 714 millones de dólares.
La provincia también pagó 16 millones de dólares en reembolsos del impuesto sobre bienes inmuebles y de la energía a más de tres mil empresas que no cumplían los requisitos, y la auditoría también señaló problemas con el fondo Ontario Together, que ofrecía ayuda a las empresas que cambiaban sus operaciones para contribuir a la respuesta de la provincia a la pandemia.
Según la auditoría, no se ha realizado un seguimiento centralizado de los pagos de emergencia de los fondos de ayuda a las empresas, por lo que la provincia no sabe la eficacia de los programas para ayudar a la gente ni si el dinero llegó a los destinatarios previstos.
Las empresas más afectadas, que perdieron ingresos, pero que no tuvieron que cerrar durante la pandemia, no pudieron recibir fondos, según el informe.
Otra auditoría reveló que la provincia no disponía de suficientes equipos de protección personal (EPP) al inicio de la pandemia, pero que podría haber estado preparada si hubiera seguido las recomendaciones que se hicieron en 2006 tras el brote de SARS.
También señaló la falta de control legislativo de las reservas de EPP de los distintos proveedores de atención sanitaria y dijo que el gobierno no era suficientemente transparente sobre cómo distribuía el limitado suministro de equipos.
Los tiempos de espera para las cirugías ambulatorias han empeorado durante la pandemia, según otra auditoría, y algunos tiempos de espera han aumentado hasta un 57% en 2020-2021. Las esperas varían según las regiones, lo que da lugar a un tratamiento desigual, según el informe.
En otra auditoría se destacó la ineficacia de la supervisión de los servicios de vida asistida, en los que la provincia gastó 389 millones de dólares el año pasado. Según la auditoría, la provincia recibe tan poca información de los proveedores de servicios que se desconoce si los clientes están recibiendo la atención que necesitan o si están siendo desatendidos o maltratados.