BRAMPTON, ONTARIO — El primer ministro de Ontario, Doug Ford, pidió al gobierno federal impedir que la antigua planta de Stellantis en Brampton sea utilizada para ensamblar vehículos eléctricos fabricados principalmente en China. En una carta dirigida al primer ministro Mark Carney el 10 de noviembre de 2026, Ford advirtió que esta posibilidad pondría en peligro empleos y empresas proveedoras de la industria automotriz canadiense. La controversia surgió después del anuncio de un acuerdo para vender las instalaciones al fabricante de vehículos blindados Roshel y adquirió mayor importancia este jueves, cuando Ottawa notificó formalmente a Stellantis un presunto incumplimiento de sus compromisos con el gobierno.
La preocupación de Ford se concentra en los llamados kits de ensamblaje, conocidos en inglés como knock-down kits. Se trata de conjuntos de piezas de automóviles producidos en otro país que posteriormente se transportan a una instalación extranjera para realizar el ensamblaje final. El primer ministro provincial considera que importar vehículos prácticamente fabricados en China para terminarlos en Brampton perjudicaría a los trabajadores y a las empresas canadienses que producen componentes, maquinaria y otros materiales para la industria automotriz. Según Ford, este modelo podría sustituir miles de empleos industriales por una cantidad mucho menor de puestos dedicados al ensamblaje.
La advertencia responde a informaciones obtenidas por CTV News, según las cuales Stellantis contempla alquilar nuevamente aproximadamente el 25 por ciento de las instalaciones de Brampton a Roshel para producir vehículos eléctricos económicos destinados al mercado canadiense. Fuentes de la industria expresaron preocupación por la posibilidad de que esta operación utilice componentes fabricados en China. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que Stellantis y Roshel hayan aprobado un proyecto de ensamblaje de vehículos chinos. La empresa Roshel también ha manifestado interés en desarrollar nuevas actividades de fabricación de vehículos civiles junto con su producción de equipos blindados.
El gobierno de Mark Carney respondió que comparte la posición de Ontario sobre la necesidad de proteger los empleos manufactureros. Sofia Ouslis, portavoz del primer ministro, afirmó que Ottawa no está considerando propuestas destinadas a reemplazar la fabricación completa de vehículos por el ensamblaje de kits provenientes de China. La ministra federal de Industria, Mélanie Joly, también ha señalado que cualquier inversión automotriz china en Canadá debe incorporar trabajadores, componentes y cadenas de suministro nacionales. Esta posición permite distinguir entre importar piezas para un ensamblaje limitado y establecer una operación industrial que genere producción y empleos dentro del país.
La situación resulta especialmente delicada para más de 2,200 trabajadores de Stellantis que permanecen en suspensión laboral desde diciembre de 2023, cuando la planta interrumpió sus operaciones para iniciar un proceso de modernización. Los planes originales contemplaban fabricar nuevos vehículos, pero posteriormente la empresa decidió trasladar a Illinois la producción prevista del Jeep Compass. El acuerdo de venta anunciado el 9 de noviembre provocó fuertes críticas del sindicato Unifor, que considera que Stellantis está abandonando compromisos asumidos con sus empleados. Aunque Roshel ha expresado disposición a contratar trabajadores locales, no ha garantizado reincorporar a todos los afectados ni asumir las obligaciones laborales anteriores de la automotriz.
Este jueves 12 de noviembre, la ministra Joly dio un nuevo paso al notificar a Stellantis que, según el gobierno federal, ha incumplido las condiciones de un acuerdo de financiamiento firmado en 2022. Ottawa había comprometido hasta 529 millones de dólares para apoyar la modernización de instalaciones de Stellantis en Brampton y Windsor. La compañía dispone ahora de 30 días para demostrar que corregirá los incumplimientos señalados. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones, incluida la terminación del acuerdo y la devolución de parte o la totalidad de los fondos públicos recibidos. Stellantis ha manifestado que está dispuesta a devolver el apoyo gubernamental relacionado con el proyecto original de Brampton, aunque no ha revelado las cantidades correspondientes.
La medida coincidió con una reunión en Toronto entre representantes del gobierno federal, Ontario, Stellantis y Unifor para analizar el futuro de la planta y las obligaciones de la empresa. Carney afirmó que la venta a Roshel constituye solamente una solución parcial y que Stellantis continúa teniendo responsabilidades frente a los trabajadores. La controversia también refleja las tensiones comerciales que enfrenta la industria automotriz canadiense y la necesidad de proteger una red de empresas proveedoras que genera numerosos empleos en Ontario.
Para Brampton, el debate va más allá del origen de los vehículos que puedan fabricarse en estas instalaciones. La principal preocupación de miles de familias continúa siendo la recuperación de empleos industriales estables, con salarios y beneficios adecuados. Mientras avanzan las negociaciones y los procedimientos relacionados con el financiamiento público, todavía no existe una solución definitiva para los trabajadores afectados. El futuro de la planta dependerá tanto de las decisiones empresariales como de los compromisos que puedan establecerse para proteger la producción y el empleo en Canadá.
