OTTAWA, CANADÁ — Un total de 2,555 empleados del gobierno federal han sido aceptados en programas de salida voluntaria como parte de un amplio proceso de reducción de personal que busca disminuir el tamaño de la administración pública canadiense durante los próximos tres años.
Las cifras, divulgadas por la Secretaría del Consejo del Tesoro de Canadá y difundidas este martes 3 de noviembre, reflejan los primeros resultados concretos de la estrategia gubernamental para reducir gastos y reorganizar diferentes departamentos y agencias federales.
De acuerdo con los datos oficiales, actualizados al 14 de octubre, 2,763 empleados manifestaron interés en acogerse a los programas de salida voluntaria, de los cuales 2,555 fueron aceptados.
Además, otros 986 funcionarios optaron por abandonar la administración pública mediante un procedimiento conocido como alternancia, que permite a un trabajador cuyo puesto está en riesgo intercambiar su situación laboral con otro empleado dispuesto a retirarse.
El gobierno también informó que 4,854 empleados habían seleccionado alguna de las alternativas previstas dentro de los procesos de ajuste laboral.
Estas cifras forman parte de la Revisión Integral del Gasto, iniciativa presentada en el presupuesto federal de 2025 con el objetivo de reducir los costos administrativos y reorganizar determinados programas.
El gobierno del primer ministro Mark Carney pretende disminuir aproximadamente 16,000 puestos equivalentes a tiempo completo para el año fiscal 2028-2029, mediante medidas que incluyen salidas voluntarias, jubilaciones y reducción natural de personal.
La meta más amplia consiste en reducir el número de empleados federales desde aproximadamente 368,000, registrados durante 2023-2024, hasta cerca de 330,000.
Las autoridades sostienen que el objetivo es lograr una administración pública más sostenible, reducir gastos y mejorar la eficiencia de los servicios gubernamentales.
Sin embargo, el proceso también genera incertidumbre entre los trabajadores cuyos puestos podrían desaparecer.
Hasta mediados de octubre, los departamentos y agencias federales habían identificado 17,977 puestos no ejecutivos y 832 cargos directivos destinados a eliminación dentro de los ajustes anunciados.
El número de empleados notificados de que sus puestos podrían verse afectados es todavía mayor, aunque recibir una notificación no significa necesariamente perder el empleo.
Algunos trabajadores pueden ser trasladados a otras funciones, mientras otros pueden permanecer en sus departamentos después de completarse los procedimientos administrativos.
Los empleados permanentes afectados cuentan con protecciones establecidas en sus convenios colectivos y en las normas federales de ajuste laboral.
Entre las alternativas disponibles figuran períodos de prioridad para obtener otro empleo público, compensaciones económicas de transición y apoyos educativos para facilitar un cambio profesional.
El gobierno también introdujo incentivos de jubilación anticipada con el propósito de reducir la necesidad de despidos involuntarios.
Los sindicatos que representan a los funcionarios federales han expresado preocupación por la magnitud de los recortes y las consecuencias que podrían tener sobre las condiciones laborales.
También existe inquietud por la posibilidad de que algunos departamentos enfrenten mayores dificultades para atender oportunamente las necesidades de la población.
Los cambios podrían repercutir en áreas como inmigración, prestaciones sociales, administración tributaria y otros servicios federales, aunque todavía no se ha determinado el impacto específico sobre sus tiempos de atención.
Para las familias que dependen de empleos públicos, la incertidumbre laboral también plantea desafíos relacionados con la estabilidad económica y la planificación financiera.
El gobierno asegura que continuará utilizando mecanismos voluntarios siempre que sea posible y respetará las disposiciones de los convenios colectivos.
No obstante, los ajustes siguen desarrollándose por etapas y las cifras podrían modificarse conforme los departamentos concluyan sus respectivos procesos.
Por ahora, las más de 2,500 salidas voluntarias aceptadas representan un avance significativo dentro de una transformación administrativa que continuará durante los próximos años.
