La guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos entró en una nueva etapa después de que el presidente Donald Trump ordenara a su administración comenzar a identificar productos canadienses que podrían quedar excluidos de las compras realizadas por el gobierno federal estadounidense.
El memorando presidencial, firmado el 16 de septiembre, instruye a la Oficina de Administración y Presupuesto y al Representante Comercial de Estados Unidos a trabajar con el Federal Acquisition Regulatory Council para determinar qué bienes de origen canadiense pueden ser retirados o considerados no disponibles dentro del sistema federal civil de adquisiciones.
La medida no establece todavía una prohibición inmediata sobre todos los productos canadienses. Las agencias deberán primero revisar cuáles pueden ser legalmente excluidos y si existen alternativas domésticas estadounidenses que puedan reemplazarlos.
La Casa Blanca justificó la decisión como respuesta a las políticas canadienses de contratación pública conocidas como “Buy Canadian”, que dan preferencia a productos y proveedores nacionales en determinadas compras del gobierno.
Trump sostiene que esas reglas limitan injustamente el acceso de empresas estadounidenses al mercado canadiense, mientras compañías de Canadá continúan participando en contratos federales estadounidenses cubiertos por el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
La Casa Blanca estima que ese mercado federal cubierto representa más de US$280 mil millones anuales.
Canadá implementó su política federal Buy Canadian en diciembre de 2025. Entre sus disposiciones figura priorizar compañías canadienses en grandes adquisiciones públicas, utilizar acero, aluminio y madera producidos en Canadá en determinados proyectos federales y limitar ciertos contratos no relacionados con defensa a proveedores canadienses o empresas de países que ofrezcan acceso recíproco.
Estados Unidos también mantiene desde hace décadas políticas de contratación conocidas como Buy American y Buy America, destinadas a favorecer bienes fabricados domésticamente en distintos programas federales.
El gobierno canadiense reaccionó con cautela. La oficina del ministro responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, indicó que Ottawa está revisando las nuevas medidas y que su análisis estará centrado en proteger los intereses de empresas y trabajadores canadienses.
La decisión llega apenas días después de que entraran en vigor nuevos aranceles y contraaranceles entre ambos países.
Desde el 8 de septiembre, Canadá aplica tarifas de entre 15% y 50% a aproximadamente $27.6 mil millones en productos estadounidenses, en respuesta a aranceles equivalentes que Washington impuso sobre exportaciones canadienses. Los productos afectados incluyen acero, aluminio, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, papel, plásticos y electrónicos.
Washington también ha anunciado prohibiciones de importación sobre determinados productos canadienses, incluidos algunos lácteos, bebidas alcohólicas y otros bienes, que entrarán en vigor el 29 de septiembre.
El nuevo frente de contratación pública puede ser particularmente importante para fabricantes y proveedores canadienses que venden directamente a agencias federales estadounidenses o forman parte de cadenas de suministro de grandes contratistas.
Por ahora, no existe una lista definitiva de productos canadienses que serán retirados del sistema federal.
El memorando, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que Washington amplíe las restricciones si considera que Canadá mantiene políticas de contratación que perjudican a empresas estadounidenses. También permite restaurar el acceso de productos canadienses si Ottawa modifica esas políticas.
La disputa, que comenzó principalmente alrededor de aranceles, se extiende así hacia contratos gubernamentales, cadenas de suministro y acceso a mercados públicos, aumentando la incertidumbre para empresas de ambos lados de la frontera.
