David Morens, exasesor principal del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, NIAID, se declaró culpable en una corte federal de conspirar para ocultar registros gubernamentales relacionados con investigaciones y financiamiento durante la pandemia de COVID-19.
Morens, de 78 años, trabajó durante años como alto funcionario del NIAID y fue asesor del entonces director de la agencia, Dr. Anthony Fauci. El martes admitió haber utilizado cuentas personales de correo electrónico y otros métodos para evitar que determinadas comunicaciones quedaran sujetas a las leyes federales de acceso a la información.
Según fiscales federales, las acciones comenzaron en abril de 2020 y estuvieron relacionadas con solicitudes presentadas bajo la Freedom of Information Act, conocida como FOIA, que permite al público y a periodistas solicitar documentos de agencias gubernamentales.
El Departamento de Justicia había acusado a Morens en abril de conspiración contra Estados Unidos, destrucción o alteración de registros y ocultamiento de documentos federales. El exfuncionario terminó aceptando culpabilidad por el cargo de conspiración para defraudar al gobierno.
El caso se concentra principalmente en comunicaciones vinculadas con una subvención federal otorgada a EcoHealth Alliance, organización que financió investigaciones sobre coronavirus de murciélagos y colaboró con el Wuhan Institute of Virology en China.
Durante la pandemia, esa subvención se convirtió en el centro de un intenso debate político sobre si investigaciones financiadas indirectamente por Estados Unidos podían estar relacionadas con el origen del SARS-CoV-2.
Prosecutores sostienen que Morens utilizó su correo personal para discutir la cancelación de la subvención y posibles esfuerzos para restaurarla, al mismo tiempo que intentaba mantener esas conversaciones fuera de los sistemas oficiales de archivo gubernamental.
Morens había comparecido anteriormente ante el Congreso en 2024, donde negó haber intentado deliberadamente evadir las leyes de transparencia. Sus correos electrónicos posteriormente se convirtieron en una parte importante de investigaciones legislativas sobre el manejo de documentos relacionados con COVID-19.
La declaración de culpabilidad no implica que Morens haya admitido haber causado, creado o encubierto el origen del virus.
Ese punto es importante porque el origen del COVID-19 continúa siendo objeto de debate científico y de inteligencia. Algunas agencias estadounidenses consideran posible un accidente de laboratorio, mientras otras favorecen o mantienen abierta la hipótesis de transmisión natural desde animales. No existe actualmente un consenso definitivo entre todas las agencias de inteligencia o la comunidad científica.
Fauci no ha sido acusado en el caso contra Morens.
Sin embargo, el proceso ocurre en medio de renovadas investigaciones políticas sobre su actuación durante la pandemia. Fauci ha negado repetidamente haber participado en un encubrimiento sobre el origen del virus o haber autorizado investigaciones que provocaran la pandemia. El NIH también ha rechazado acusaciones de que las investigaciones financiadas por Estados Unidos fueran responsables del SARS-CoV-2.
La situación se ha vuelto además más polémica después de que Fauci invocara recientemente su derecho constitucional a no autoincriminarse durante una audiencia del Senado. Un comité controlado por republicanos votó posteriormente para recomendar que fuera declarado en desacato, aunque expertos legales han señalado que una remisión de ese tipo enfrenta obstáculos procesales.
Morens enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Su sentencia está programada para el 12 de noviembre ante la jueza federal Paula Xinis en Maryland.
El caso representa uno de los ejemplos más importantes hasta ahora de responsabilidad penal relacionada con la gestión de registros públicos durante la pandemia.
Más allá de las disputas sobre el origen del COVID-19, la declaración de culpabilidad pone nuevamente bajo atención una cuestión básica de transparencia gubernamental: los funcionarios federales están obligados a conservar comunicaciones relacionadas con su trabajo y no pueden utilizar cuentas privadas para impedir que documentos oficiales sean accesibles mediante las leyes de información pública.
