Por Alexander Terrazas *
A finales de julio arrancó oficialmente la campaña electoral rumbo a las elecciones generales de Bolivia, programadas para el próximo 20 de octubre del 2019. Nueve son los binomios habilitados, entre ellos, los actuales mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, -que pese a ser considerada una candidatura ilegal e ilegítima-, buscarán asegurar su cuarto mandato consecutivo, con lo que posiblemente se mantendrían en el poder hasta el 2025, acumulando 19 años ininterrumpidos en el poder de Bolivia.
Como se sabe en toda Bolivia y América Latina, en el 2015, Morales y su Gobierno, promovieron un referéndum para consultarle a los bolivianos si podía repostularse a un cuarto período y en aquella ocasión aseguró públicamente que respetaría los resultados; sin embargo, fue derrotado con el 51,3% de votos, e inmediatamente se resistió a aceptarlo aduciendo una ‘campaña de desinformación’ de la prensa y la oposición. Inhabilitado de volver a postular, tanto por la Constitución Política del Estado como por el voto popular, Evo y su partido el MAS (Movimiento Al Socialismo), apelaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, que resolvió que los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna boliviana (que el mismo Morales promulgó en el año 2009) no podían estar por encima del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la participación política por ser esta última ‘una norma más favorable a los derechos políticos’. En otras palabras, el argumento fue que el derecho político de Evo Morales estaba por encima de los derechos de los bolivianos que le dijeron NO a una nueva re-elección.
Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aprobó unas inéditas Elecciones Primarias, básicamente para ‘validar’ la candidatura de Evo-Álvaro porque todos los candidatos resultaron ganadores y ninguno compitió entre sí. Y si esto fuera poco, este año, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, viajó a Bolivia a manifestar su apoyo personalmente a la candidatura de Evo Morales, en un acto tachado de incoherente.
En ese contexto, en Bolivia estamos frente a una candidatura ‘inconstitucional e ilegítima’ que marca un proceso de alteración del orden constitucional que causará un daño irreparable al sistema democrático boliviano y que conduce al país altiplánico por el camino del autoritarismo que lamentablemente, ya siguieron Venezuela, Nicaragua y otros países de gobiernos populistas. A fin de aclarar este concepto, el autoritarismo es un sistema político que se funda en la sumisión a la autoridad vigente, es decir, a aquella que se encuentra a cargo del ejercicio del poder. El establecimiento de una serie de normas o leyes que tienen el objetivo de restringir las libertades individuales es la metodología de acción del autoritarismo. También el concepto es utilizado de manera extendida para referirse al abuso de autoridad por parte de un gobierno o de cualquier otro grupo o persona.
Políticamente hablando, el autoritarismo aboga por un gobierno absoluto, ya sea absolutismo, autocracia, despotismo, dictadura y totalitarismo. Si bien al autoritarismo se lo suele identificar como propio y exclusivo de aquellas naciones que tienen un solo partido político, por supuesto que la realidad también nos ha dado sobradas muestras de que al gobernante autoritario lo podemos encontrar en aquellas naciones donde hay más de un partido y la forma de gobierno es una democracia, velada, claro está.
Ahora bien, la campaña electoral para los comicios de octubre comenzó en Bolivia con el actual mandatario como favorito según las últimas encuestas, con once puntos de ventaja sobre el candidato opositor mejor situado. Estos resultados, divulgados por la empresa Ciesmori dan a Evo una intención de voto del 37%, frente al 26 del ex presidente boliviano Carlos Mesa. El tercero en intención de voto, con 9%, es el senador demócrata Óscar Ortiz, candidato de la alianza ‘Bolivia Dice No’. Los restantes seis candidatos no superan el 3%. La encuesta refleja que en una segunda vuelta Morales alcanzaría el 40% y Mesa el 38.
Con todos estos antecedentes citados y con el agregado de una oposición dividida entre oriente y occidente, es poco probable concebir una derrota política de Evo Morales. Esta situación, sin duda alguna, es una característica de los gobiernos autoritarios y es precisamente allí hacia donde se dirige peligrosamente Bolivia.
Periodista boliviano radicado en Canadá
