Trump apunta a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en EE.UU.

“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.”, subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria.
El memorando, divulgado hoy y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EE.UU. de inmigrantes indocumentados.
En concreto, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
“El Departamento de Seguridad Nacional”, agrega el memorando, “ya no eximirá clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo hoy que el objetivo “es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias” y recordó que “todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”.
Obama había marcado como prioridad la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales e historial criminal, y dejaba de lado a los inmigrantes indocumentados con violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.
El Gobierno de Trump, no obstante, reconoce la falta de recursos, por lo que ordena la contratación de 15.000 nuevos agentes encargados del control migratorio y otorga mayores poderes para que agentes estatales y locales colaboren en estas labores.
Desde la oposición demócrata y los grupos de defensa de inmigrantes, las críticas a las nuevas directrices migratorias no se hicieron esperar.
La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, la primera latina en la Cámara alta, atacó en su cuenta de Twitter las “deportaciones masivas como moralmente reprobables y antiestadounidenses”.
En la misma línea se expresó el también senador demócrata Dick Durbin, quien urgió a “un examen público en el Congreso de estas políticas de mano dura y antifamilias”.
“Estos memorando confirman que el Gobierno de Trump está dispuesto a incumplir el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades (…) en búsqueda de una política de deportación masiva hiperagresiva”, indicó Omar Jadwat, director de inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Quedan, sin embargo, fuera de esta rotunda expansión de la autoridad de las fuerzas de seguridad los jóvenes indocumentados (“dreamers” o “soñadores”) que llegaron a EE.UU. como menores de edad.
En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal, lo que supone una marcha atrás en las promesas de Trump durante la campaña en la que prometió derogar el Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por Obama en 2012.
Este programa permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que, para seguir gozando de estos beneficios, los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.
Por último, el Gobierno de Trump subrayó tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro con México: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California).
El documento ordena “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)”, y “preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes”.
Trump había prometido que sería México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas ha reculado al afirmar que será EE.UU. quien asuma en primer lugar el coste y posteriormente será reembolsado, algo a lo que México se ha negado tajantemente.
Las últimas estimaciones sobre el coste del muro se sitúan por encima de los 21.600 millones de dólares.