Washington, Estados Unidos.— El presidente Donald Trump anunció que pretende imponer fuertes penalizaciones económicas a las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos de inteligencia artificial en otros países, una propuesta que podría modificar las decisiones de inversión internacional del sector y generar incertidumbre para proyectos tecnológicos en Canadá.
Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes 20 de noviembre en la Casa Blanca, Trump afirmó que Estados Unidos debe conservar dentro de sus fronteras la infraestructura necesaria para desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más avanzados.
El mandatario advirtió que las compañías que decidan establecer estas instalaciones en el extranjero podrían enfrentar impuestos considerablemente elevados, aunque no explicó cómo funcionaría la medida ni cuándo comenzaría a aplicarse.
Trump reconoció que todavía no había comunicado formalmente la propuesta a sus colaboradores, por lo que no se ha anunciado un mecanismo legal para implementarla.
La declaración se produjo después de su regreso de Asia, donde mantuvo reuniones diplomáticas relacionadas con el comercio, la tecnología y la competencia económica internacional.
El presidente sostuvo que Estados Unidos mantiene una posición de liderazgo frente a China en inteligencia artificial, pero advirtió que esa ventaja podría reducirse si las inversiones tecnológicas comienzan a desplazarse hacia otros países.
Los centros de datos constituyen una infraestructura fundamental para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Estas instalaciones albergan miles de servidores y equipos informáticos que permiten procesar enormes cantidades de información y ejecutar sistemas avanzados de aprendizaje automático.
Su construcción requiere inversiones multimillonarias, un suministro eléctrico considerable y acceso a personal especializado.
Empresas como Google, Microsoft, Amazon y Meta han desarrollado redes internacionales de centros de datos para atender la creciente demanda de servicios digitales y procesamiento informático.
La propuesta estadounidense surge mientras numerosas comunidades expresan preocupación por el impacto de estas instalaciones sobre los precios de la electricidad, el consumo de agua y los recursos locales.
Una encuesta realizada por Associated Press y NORC encontró que aproximadamente seis de cada diez estadounidenses respaldaban limitar la construcción de nuevos centros de datos.
Ante estas inquietudes, algunas empresas tecnológicas han comenzado a ofrecer mayores beneficios económicos a las comunidades donde buscan instalar sus proyectos, incluyendo inversiones locales y compromisos relacionados con el suministro energético.
Trump sugirió que las autoridades municipales y los residentes deberían negociar directamente con las compañías para obtener beneficios a cambio de permitir nuevas construcciones.
La discusión también llegó al Congreso estadounidense, donde el Senado aprobó una legislación destinada a acelerar los permisos para proyectos energéticos y establecer obligaciones relacionadas con los costos eléctricos de los centros de datos.
La iniciativa todavía requiere avanzar en la Cámara de Representantes.
Para Canadá, las declaraciones de Trump podrían representar un nuevo factor de incertidumbre en el desarrollo de infraestructura tecnológica.
Ontario y Quebec han despertado interés para inversiones relacionadas con inteligencia artificial y servicios de computación, gracias a su disponibilidad de energía, conectividad y concentración de empresas especializadas.
Sin embargo, todavía se desconoce si una eventual política estadounidense incluiría excepciones para Canadá o cómo afectaría los proyectos internacionales de compañías con sede en Estados Unidos.
Los especialistas señalan que construir centros de datos también genera oportunidades para trabajadores de la construcción, electricistas y proveedores de infraestructura, aunque sus beneficios económicos deben evaluarse junto con los costos energéticos y ambientales.
Por ahora, las declaraciones presidenciales representan una propuesta y no una prohibición vigente.
Su posible aplicación dependerá de futuras decisiones del gobierno estadounidense y de las herramientas legales disponibles para establecer penalizaciones sobre inversiones realizadas fuera del país.










