Rodrigo Díaz M.
El primer ministro Justin Trudeau invocó ayer la Ley de Emergencias nacional para poner fin a los bloqueos de carreteras que califica de ilegales y que no tienen que ver con la protesta pacífica.
El gobierno utilizará la ley para obligar a las empresas remolcadoras a retirar los grandes camiones y otros vehículos que bloquean las carreteras y otras infraestructuras críticas, establecer zonas en las que no se permitan congregaciones públicas y exigir a los bancos que suspendan o congelen las cuentas sospechosas que financian este tipo de acciones, incluidas las de las empresas cuyos camiones forman parte de la caravana.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo que el gobierno está “notificando” a las empresas de camiones con vehículos implicados en cualquiera de los bloqueos que se les congelarán sus cuentas corporativas y perderán su seguro.
“Considérense advertidos”, dijo. “Envíen sus semirremolques a casa. La economía canadiense necesita que hagan un trabajo legítimo, no que nos empobrezcan a todos ilegalmente”.
Freeland dijo que cada día que el puente Ambassador estuvo cerrado se detuvo el comercio por valor de 390 millones de dólares. Cada día que la frontera permanece cerrada en Coutts, Alta, dijo que afecta a 48 millones de dólares de comercio, y en Emerson, Man, a 73 millones de dólares al día.
El gobierno invoca la ley bajo la sección de orden público, lo que significa que creen que los bloqueos son una amenaza para la seguridad nacional. Como tal, la ley se aplicará en todo el país, incluso en las provincias donde los respectivos premiers dijeron ayer que no creían fuera necesaria.
Sin embargo, Trudeau dijo que las órdenes sólo se dirigirían a lugares específicos que están siendo bloqueados.
“Quiero ser muy claro: el alcance de estas medidas estará limitado en el tiempo, será geográficamente específico y será razonable y proporcional a las amenazas que se pretende abordar”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa a última hora de la tarde de ayer.
Dijo que no implica la intervención del ejército, ni la suspensión de los derechos fundamentales en virtud de la Carta de Derechos y Libertades.
Las órdenes también se centrarán en gran medida en parar la financiación al convoy, que ha procedido en gran parte de fuentes extranjeras que utilizan plataformas de crowdfunding y criptodivisas.
Una de las medidas temporales incluye la inclusión de esas entidades en las leyes canadienses contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero Freeland dijo que finalmente se introducirá una legislación para hacer ese cambio permanente.
Significa que plataformas como GoFundMe tendrán que registrarse en el servicio de inteligencia financiera de Canadá, conocido como Fintrac, e informar de todas las transacciones grandes o sospechosas.
“Se trata de seguir el dinero”, dijo Freeland. “Se trata de poner fin a la financiación de estos bloqueos ilegales”.
GoFundMe canceló una recaudación de fondos del convoy que había recaudado alrededor de 10 millones de dólares, diciendo que violó sus términos de servicio y está devolviendo el dinero. Los líderes del convoy recurrieron entonces a la plataforma de financiación cristiana estadounidense GiveSendGo, que recaudó unos 9 millones de dólares. Esta plataforma dejó de funcionar el lunes después de que, al parecer, fuera hackeada y se filtrara la información personal de los donantes.
Algunos operadores de los convoyes también estaban discutiendo la posibilidad de recaudar dinero utilizando criptodivisas como el Bitcoin.
Trudeau también dijo que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá ha estado rechazando a los no canadienses que intentan entrar en el país para participar en las protestas, lo que, según señaló, es una cuestión independiente de la Ley de Emergencias.
Por otro lado, Trudeau y Freeland dejaron claro que creen que las protestas amenazan la seguridad económica de Canadá y su reputación a nivel internacional.
“La confianza internacional hacia Canadá como un buen lugar para invertir y hacer negocios se ha visto afectada”, dijo Freeland.
Biden dijo la semana pasada que esperaba que Canadá resolviera la crisis que estaba afectando al comercio en la frontera.
La ley sólo puede invocarse durante 30 días, pero no se espera que no se tarde tanto en controlar la situación.
Esta la primera vez que se invoca la Ley de Emergencias desde su creación en 1988.
