Rodrigo Díaz M.
Canadá se enfrenta a una posible ola de despidos relacionados con las políticas de vacunación obligatoria en los lugares de trabajo, ya que un número cada vez mayor de empleadores exigen que los trabajadores estén totalmente vacunados contra el COVID-19.
Los gobiernos, las instituciones y las empresas han pasado meses elaborando medidas de vacunación obligatoria en un intento de frenar una pandemia implacable alimentada por las nuevas variantes.
A medida que se acercan los plazos para que los empleadores se vacunen por completo, los trabajadores que no se vacunen pronto podrían recibir una licencia no remunerada o ser despedidos.
“Nos han contactado miles de personas de toda Canadá que tienen delante estos ultimátums diciendo que tienen que vacunarse en una fecha determinada o se arriesgan a perder su trabajo”, dijo el abogado laboralista Lior Samfiru, socio de Samfiru Tumarkin LLP.
“Vamos a ver la mayor ola de despidos que hemos visto desde que comenzó la pandemia”, aseguró Samfiru, señalando que su bufete ha sido contactado por trabajadores de una serie de industrias, incluyendo de la salud, la educación, bancaria, construcción y de los restaurantes.
El primer ministro Justin Trudeau dio a conocer la semana pasada la nueva política de vacunación obligatoria de Canadá, en la cual se exige que el núcleo de los servicios públicos, el transporte aéreo y los empleados ferroviarios estén totalmente vacunados contra el COVID-19 para finales de este mes.
El mandato federal de vacunación es un reflejo de las políticas provinciales, como la de Nova Scotia, donde todos los trabajadores escolares y sanitarios deben recibir dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes de finales de noviembre.
Las empresas privadas también han desarrollado mandatos corporativos de vacunación, con plazos inminentes para que el personal esté totalmente vacunado.
Esta situación ha dejado a los expertos legales lidiando con la tensión entre la protección de los derechos de los trabajadores individuales y la garantía de que los empleadores cumplen con sus obligaciones de salud y seguridad hacia el personal, los clientes y el público.
También se plantea la cuestión de qué ajustes razonables o exenciones deberían estar disponibles para los trabajadores y si los empleados no vacunados que finalmente son despedidos tienen derecho a una indemnización.
“El empleador tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo”, afirmó Ron Pizzo, abogado laboralista de Pink Larkin en Halifax.
“Al ser el COVID-19 una enfermedad potencialmente grave, el riesgo de daños es bastante alto”, dijo. “Los empleadores están imponiendo esas políticas por razones válidas, ya que tienen el deber de mantener su lugar de trabajo seguro”.
Pizzo reveló que su bufete está recibiendo bastantes llamadas de personas que no quieren vacunarse y quieren luchar contra los requisitos de vacunación del empleador.
Aun así, dijo que no espera que se produzcan renuncias masivas que dejen a las empresas sin suficientes trabajadores, dada la tasa de vacunación relativamente alta entre la población general; más del 80% de todos los habitantes de Canadá mayores de 12 años están totalmente vacunados.
Pizzo añadió que muchos bufetes de abogados están introduciendo políticas de vacunación obligatoria para las reuniones presenciales en las oficinas.
Wayne MacKay, profesor emérito de la Facultad de Derecho Dalhousie Schulich, dijo que los empleadores tienen que equilibrar los derechos individuales de los trabajadores, por ejemplo, ofreciendo ajustes razonables, con el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro.
MacKay explicó que hay muy pocas razones legítimas para buscar una exención a una política de vacunas, como, por ejemplo, por razones médicas.
En cuanto a si los trabajadores despedidos por negarse a vacunarse tienen derecho a una indemnización, aseguró que depende del entorno laboral, de la validez de la necesidad de la política y de si el trabajador estaba sindicalizado o no.
