Por Alexander Terrazas (*)

La llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a México ha generado un verdadero ‘terremoto’ político en América Latina.  El asilo otorgado por Andrés Manuel López Obrador, al exmandatario boliviano, no solo ha creado una intensa controversia pública, sino que también ha producido inéditos roces diplomáticos con el nuevo gobierno transitorio de Bolivia.

 

Las fricciones entre estos dos países surgen porque Evo Morales mantiene su actividad política desde el exilio en Bolivia (según sus conversaciones telefónicas grabadas en un audio), incumpliendo así los protocolos de asilado político. Morales, que estuvo casi 14 años en el poder de Bolivia, cometió un gigantesco fraude electoral en las pasadas elecciones del 20 de octubre y cuando fue descubierto por los informáticos bolivianos y luego por la OEA, huyó a tierra azteca denunciando un supuesto ‘golpe de Estado’ que nunca existió.

 

Hoy, el exjefe de Estado y exdirigente cocalero se encuentra bajo la protección de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual establece en su artículo 34 que la Secretaría de Gobernación puede revocarle tal condición si, con posterioridad, realice conductas contempladas en el artículo 27 de esa ley como: cometer un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y actos contrarios a las finalidades y a los principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

Basado en el artículo 21 de la Ley arriba citada, el gobierno provisional boliviano, al mando de Jeanine Áñez, dio a conocer un audio en el que, supuestamente, Morales estaría dando instrucciones a sus seguidores para mantener los enfrentamientos en Bolivia, incluido el bloqueo a la entrada de alimentos. (Hasta el cierre de este artículo, nadie ha desmentido la autenticidad del material). Es decir, estamos frente a un delito de lesa humanidad, -como lo ha sustentado la administración transitoria de Áñez-, porque Evo promueve desde México actos contrarios a los protocolos de exiliado que van en contra de los derechos fundamentales de los bolivianos. Con estos antecedentes en mano, AMLO, como se le conoce al gobierno de Manuel López Obrador, ahora tiene la decisión de revocarle o no la condición de refugiado a Morales.

 

Así las cosas, la antigua y ‘poco conocida’ relación diplomática que establecieron Bolivia y México en 1867, se está desgastando y deteriorando a medida que los días pasan. Insistimos, el exdirigente cocalero, continúa desde su exilio dando órdenes a sus seguidores para generar violencia y anarquía en Bolivia. Utiliza bienes y recursos proveídos por el gobierno de México, para organizar sus conferencias de prensa con funcionarios mexicanos durante las cuales se promueven acciones hostiles en contra de los bolivianos.

 

En ese sentido, la mandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez cuestionó que se permita al expresidente mantener su actividad política. “México tendría que exigirle a Evo Morales que cumpla con los protocolos de asilo, y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está”. “Eso es verdaderamente vergonzoso”, dijo la presidenta.  De igual forma, el expresidente Carlos Mesa, quien fue el principal rival de Morales en las polémicas elecciones presidenciales del 20 de octubre, también pidió que México ‘no le permita declarar políticamente’. “¿Cómo es posible que México, un país que tiene una tradición histórica de asilo, y que le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada qué decir, le permita a Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia y la división?”, cuestionó Mesa.

 

A las acusaciones de que los mensajes de Morales violan el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo (1939), la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la libertad de expresión de los asilados no está sujeta a mayores limitaciones que las que tendría cualquier ciudadano mexicano. “El derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país”, indicó México.

 

En este escenario, muchos se preguntan cómo esta crisis puede afectar la relación entre ambos países. Es difícil predecirlo con exactitud, pero por lo visto y actuado se están abriendo grietas irreparables entre las dos naciones. Creemos que ninguna persona en el mundo debiera ser motivo de discordia para que dos países hermanos como México y Bolivia pongan en duda la continuidad de sus relaciones diplomáticas.

 

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