Rodrigo Díaz Maingon
Los gobiernos federales de Ottawa y de Ontario están listos para enfrentarse esta semana en el tribunal superior de la provincia con motivo de la ley de cambio climático impuesta a Ontario desde Ottawa.
Lo que está en discusión es la validez de la legislación del gobierno liberal que entró en vigor el 1 de abril e impuso un cargo adicional a la gasolina y otros combustibles fósiles, así como a los contaminadores industriales.
La ley se aplica en aquellas provincias que no tienen un régimen propio de precios del carbono que cumpla con los estándares nacionales.
El gobierno conservador progresista de Ontario bajo el primer ministro Doug Ford, apoyado por premiers de Manitoba, Saskatchewan y New Brunswick, ha denunciado que la Ley de Precios de la Contaminación de Gases de Efecto Invernadero como es un impuesto ilegal que no hará sino aumentará el precio de la gasolina.
Como lo hizo recientemente Saskatchewan, en una decisión que todavía está pendiente, el gobierno de Ontario está pidiendo a su Corte de Apelaciones que decida si la ley federal es constitucional.
En esencia, Ontario sostiene que Ottawa está entrometiéndose en la jurisdicción provincial al tratar de regular la “franja de actividad humana casi ilimitada” que produce una contaminación que cambia el clima.
“Las provincias son capaces de regular las emisiones de gases de efecto invernadero en sí mismas”, argumenta Ontario en sus documentos judiciales. “No hay necesidad de ampliar el alcance de la jurisdicción federal para imponer un precio de carbono federal igual para todos”.
Por su parte, el gobierno federal insiste en que está respondiendo adecuadamente a un problema de preocupación nacional: el cambio climático. La legislación, dice el gobierno, apunta a “llenar los vacíos” donde las medidas provinciales no están a la altura.