Por Ernesto Donan
Las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron una lección que merece ser escuchada: los ciudadanos esperan resultados de sus gobernantes y tienen en las urnas la oportunidad de expresar su descontento cuando sienten que sus necesidades no están siendo atendidas.

La victoria demócrata, que permitió a ese partido recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, estuvo acompañada de una creciente preocupación por el costo de vida y por las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Millones de familias continúan enfrentando dificultades para cubrir sus gastos cotidianos. Los alimentos, la vivienda y los servicios esenciales representan una carga cada vez mayor para sus presupuestos. Cuando la economía familiar se deteriora, las promesas políticas pierden fuerza frente a la realidad que se vive diariamente.

Pero estas elecciones también pusieron de manifiesto el peso político de la comunidad hispana, cuya contribución económica, cultural y social forma parte fundamental de Estados Unidos.

Muchos latinos que anteriormente apoyaron al Partido Republicano expresaron su decepción ante las medidas migratorias y el alcance de los operativos de deportación. La preocupación no se limita a quienes carecen de documentos. También afecta a familias de ciudadanos y residentes legales que viven con incertidumbre por la situación de sus seres queridos.

Es legítimo que un país establezca normas migratorias y exija su cumplimiento. Pero también es indispensable que esas normas se apliquen con justicia, respeto a los derechos humanos y consideración por la dignidad de las personas.

La comunidad hispana no constituye un bloque político uniforme. Sus integrantes tienen diferentes ideas y prioridades. Precisamente por eso, su participación electoral demuestra la importancia de escuchar sus preocupaciones sin dar por sentado su respaldo.

La lección de noviembre trasciende las fronteras estadounidenses. Gobernar exige escuchar, responder a las necesidades reales de la población y recordar que detrás de cada decisión económica o migratoria existen familias.

La democracia ofrece a los ciudadanos la posibilidad de exigir esa responsabilidad. Y ningún gobierno debería olvidar el valor de esa voz.