El gobierno de Ontario sigue protegiendo a las comunidades al reintroducir una ley que, si se aprueba, reforzará la gobernanza y la rendición de cuentas municipales.
Ontario propone cambios a través de la Ley de Responsabilidad Municipal del 2025, que permitirían la creación de un nuevo código de conducta municipal estandarizado, un proceso de investigación del comisionado de integridad que sería coherente en toda la provincia y la formación obligatoria en materia de código de conducta para los miembros del consejo y determinadas juntas locales.
“Una gobernanza local sólida comienza con la rendición de cuentas”, afirmó Rob Flack, ministro de Asuntos Municipales y Vivienda. “Los ciudadanos de Ontario confían en que los miembros de sus consejos municipales mantengan un alto nivel de conducta y tomen las decisiones que se les plantean. Hemos trabajado en estrecha colaboración con el comisionado de integridad de Ontario para proporcionar a los líderes municipales nuevas herramientas y recursos que les permitan ejercer un buen gobierno”.
Si se aprueban, los cambios incluirían la sanción de destitución y inhabilitación de un miembro del cargo en caso de infracción grave del código legal. La destitución y la inhabilitación solo podrían producirse previa recomendación del comisionado de integridad municipal, un informe concurrente del comisionado de integridad de Ontario y el voto unánime del consejo.
Los cambios propuestos en la Ley de Responsabilidad Municipal del 2025 modificarían la Ley Municipal del 2001 y la Ley de la Ciudad de Toronto del 2006, con el fin de reforzar el código de conducta municipal y el marco del comisionado de integridad.
Las decisiones sobre el contenido del código de conducta estandarizado se tomarán tras consultar con el sector municipal. Podría incluir normas de comportamiento ético con respecto, por ejemplo, al acoso y la discriminación, así como requisitos de formación para los miembros del consejo y determinadas juntas locales.
En colaboración con el sector municipal, Ontario tiene previsto elaborar la normativa necesaria para apoyar el nuevo marco legal, que entrará en vigor para el nuevo mandato de los consejos en el 2026.
