TORONTO, CANADÁ — Aproximadamente 362,600 estudiantes de Ontario recibieron servicios de educación especial durante el año escolar 2024-2025, mientras una auditoría provincial identificó importantes deficiencias en los apoyos ofrecidos a niños con necesidades educativas particulares. Aunque el gobierno destinará cerca de 3,830 millones de dólares a este sector durante 2026-2027, los resultados de una investigación publicada por la auditora general Shelley Spence han generado nuevas preguntas sobre la disponibilidad de personal, los tiempos de evaluación y el aprovechamiento de los recursos públicos.
La preocupación fue planteada recientemente por Lori Ann Comeau, educadora y fundadora de Advocates for Access and Accountability, quien cuestionó si los elevados presupuestos se están traduciendo en servicios efectivos para los estudiantes. Su análisis se basa en una auditoría presentada el 12 de mayo de 2026, que examinó el funcionamiento de tres juntas escolares y la supervisión del Ministerio de Educación. El informe encontró diferencias importantes entre los apoyos que deberían recibir los alumnos y las condiciones observadas en las escuelas evaluadas.
Uno de los problemas más preocupantes es la demora para realizar evaluaciones especializadas. En dos de las juntas escolares examinadas, el 34 por ciento de los estudiantes que esperaban una evaluación llevaba más de un año sin recibirla. Estas valoraciones pueden resultar fundamentales para identificar dificultades de aprendizaje, necesidades de comunicación y otros apoyos educativos. La auditoría también encontró que, en los expedientes revisados, entre el 38 y el 95 por ciento carecía de evidencia documentada sobre la participación de los padres en la elaboración de los planes educativos individuales.
Estos documentos, conocidos como Individual Education Plans o IEP, establecen las adaptaciones, objetivos y servicios que requiere cada estudiante. Sin embargo, al menos el 90 por ciento de las metas anuales revisadas en cada junta escolar no incluía criterios medibles para evaluar el progreso. La falta de objetivos claros dificulta determinar si las estrategias utilizadas están funcionando y si los alumnos avanzan conforme a sus capacidades y necesidades.
La disponibilidad de asistentes educativos también representa un desafío. En las juntas examinadas, aproximadamente el 18 por ciento de estos trabajadores estaba ausente durante un día escolar promedio, y entre el 49 y el 72 por ciento de esas ausencias no fue cubierto por reemplazos calificados. Además, el 39 por ciento de los docentes encuestados informó haber presenciado o participado en situaciones en las que estudiantes fueron excluidos informalmente de actividades escolares sin que existiera un registro oficial. Esta cifra corresponde a la proporción de maestros que reportaron situaciones, no al porcentaje de alumnos excluidos.
El informe también advierte sobre necesidades de capacitación docente y dificultades de supervisión administrativa. Ontario cuenta con 72 juntas escolares y diez autoridades educativas, responsables de aplicar las políticas provinciales. Aunque la auditoría examinó directamente solamente tres juntas, sus conclusiones plantean preguntas sobre los mecanismos utilizados para garantizar que todos los estudiantes reciban servicios adecuados, independientemente de la comunidad donde vivan.
El ministro de Educación, Paul Calandra, reconoció durante una audiencia legislativa en octubre que el sistema todavía no responde satisfactoriamente a las necesidades de numerosas familias. Por su parte, el gobierno provincial sostiene que el financiamiento para educación especial permite contratar asistentes educativos, psicólogos, terapeutas del lenguaje y otros profesionales, además de adquirir equipos especializados y ofrecer programas para estudiantes con necesidades complejas.
Para los padres, la principal preocupación continúa siendo la calidad del apoyo que reciben sus hijos diariamente. La auditoría demuestra que disponer de recursos presupuestarios no garantiza por sí solo una atención oportuna. Las recomendaciones apuntan a mejorar las evaluaciones, fortalecer la participación familiar, garantizar una formación adecuada del personal y establecer mecanismos que permitan medir los resultados.
La educación especial constituye un servicio fundamental para miles de familias de Ontario. El desafío ahora es asegurar que las inversiones públicas lleguen efectivamente a las aulas y se traduzcan en mejores oportunidades de aprendizaje, inclusión y desarrollo para cada estudiante.










