Rodrigo Díaz M.
El gobierno de Ontario ha presentado formalmente una apelación de una decisión judicial que anuló el proyecto de ley 124, un controvertido proyecto de ley que limitaba los aumentos salariales del sector público al 1%.
La legislación se propuso por primera vez en 2019 y entró en vigor durante tres años. Múltiples grupos que representan a los trabajadores del sector público llevaron al gobierno ante los tribunales, argumentando que el proyecto de ley 124 era inconstitucional.
El 29 de noviembre, el juez Markus Koehnen se pronunció sobre el recurso, afirmando que la ley vulneraba los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los demandantes.
“La Carta no sólo protege el derecho de asociación, sino también el derecho a un proceso significativo en el que los sindicatos puedan poner sobre la mesa las cuestiones que preocupan a los trabajadores y debatirlas de buena fe”, escribió Koehnen.
El mismo día en que se dictó la sentencia, el gobierno de Doug Ford indicó que la apelaría la decisión.
Un portavoz del fiscal general confirmó que el recurso se presentó formalmente ayer.
En la apelación, el gobierno argumenta que el tribunal “se equivocó al sostener que el impacto financiero de los límites de la ley sobre los aumentos de compensación interfiere sustancialmente con los derechos del demandado a un proceso significativo de negociación colectiva”.
También dicen que el juez se equivocó al caracterizar erróneamente la razón por la que se puso en marcha el proyecto de ley 124 para empezar, que según ellos era “gestionar las finanzas de la provincia de manera responsable y proteger la sostenibilidad de los servicios públicos”.
El gobierno ha argumentado anteriormente que el proyecto de ley era “excepcional y limitado en el tiempo” para ayudar a eliminar el déficit presupuestario en la provincia.
Varios sindicatos emitieron declaraciones en las que expresaban su indignación por la apelación del gobierno a la decisión del tribunal.
“El proyecto de ley 124 ha afectado gravemente al nivel de vida de los trabajadores y ha agravado problemas como la crisis de personal en nuestro sobrecargado sistema sanitario”, declaró en un comunicado la presidenta de la Federación del Trabajo de Ontario, Patty Coates.
“En este momento, el gobierno de Ford debería centrarse en tomar medidas significativas para hacer frente a la crisis simultánea del coste de la vida y de la atención sanitaria en esta provincia. En lugar de ello, están optando por gastar dinero público para luchar contra los trabajadores en los tribunales”.
La Asociación de Enfermeras de Ontario (ONA) afirmó que los profesionales sanitarios se sintieron “reivindicados” cuando el tribunal dictaminó que el proyecto de ley 124 era inconstitucional, pero ese sentimiento duró poco.
“Las enfermeras y los profesionales de la salud de toda la provincia están muy enfadados y frustrados por el hecho de que este gobierno siga defendiendo la Ley 124, y le decimos al primer ministro Ford: ya basta”, declaró Bernie Robinson, presidente interino de la ONA.
“El premier debe dejar de atacar a las enfermeras y a los trabajadores sanitarios. Debería haber hecho lo correcto y aceptar la clara decisión del tribunal. Ahora, cientos de miles de dólares públicos se malgastarán luchando contra los trabajadores en los tribunales”.
A principios de este año, la Oficina de Responsabilidad Financiera concluyó que el gobierno podría tener que pagar unos 8.4 billones de dólares en salarios si el recurso judicial se resolvía a favor de los trabajadores.
Sin embargo, si el recurso prospera, la provincia se ahorrará unos 9.7 billones en sueldos y salarios desde 2019 hasta 2025-2027, tanto de los empleados sindicados como de los no sindicados.
