Por Luisa Moncada
TORONTO. La insurrección popular que inició en Nicaragua el 18 de abril ha dejado como saldo 127 asesinatos, 12 desaparecidos y miles de heridos hasta el 1 de junio del presente año. En el día en el que se conmemoró a las madres en la nación centroamericana, se registró la marcha más sangrienta en la historia nicaragüense.
El joven Jorge Guerrero Rivas se sumó junto a su progenitora a la denominada “Madre de todas las marchas” el pasado 30 de mayo en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. La iniciativa, que fue convocada por el movimiento “Madres de Abril”, buscaba solidarizarse con el clamor de justicia de las mujeres nicaragüenses que ese día no celebrarían porque sus hijos fueron ejecutados en las diferentes jornadas de protestas originadas por las reformas al sistema de Seguro Social. Lo que la mamá de Jorge no sabía, es que, al finalizar la marcha, su hijo sería asesinado frente a sus ojos.
En la multitudinaria manifestación, junto a Guerrero Rivas, 15 victimas más fueron brutalmente asesinadas, la cifra incluye a un menor de tan solo 15 años de edad; según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El Cenidh señaló como culpables de la masacre al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país. “Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque al mando de presidente de la República”, acotó la fundación que participó de la marcha y constató que la mayoría de los asesinatos se cometieron con armas de precisión y disparos certeros al corazón y el tórax.
Los acontecimientos situaron en un punto muerto el proceso de Diálogo que el gobierno nicaragüense inició el pasado 16 de mayo junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (integrada por estudiantes, sector privado y sociedad civil) y la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Lo que inició como una protesta pacifica que exigía la derogación de una reforma legal en las que se establecía una reducción del 5% en las pensiones y establecía el aumento de los aportes de las empresas, asegurados y jubilados con el propósito de resolver la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (la enmienda se derogó el 22 de abril); 50 días después ha mutado en la exigencia de varios sectores sociales, e de la comunidad internacional, asosicionaba asi mismo como el matamente el poderial se han cometido con dato. Tras la primera e incluso parte de la comunidad internacional, para que Daniel Ortega y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional entreguen el poder y se convoque a elecciones anticipadas.
El pasado 29 de mayo, Amnistía Internacional (AI) presentó ante medios de comunicación nacionales e internacionales, su informe “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”. En el documento se corrobora que la mayoría de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas del 18 de abril a la fecha, se han operado con el conocimiento del presidente Daniel Ortega y que los culpables son los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines. Las declaraciones de AI elevan los asesinatos a la categoría de “ejecuciones extrajudiciales”, un delito que atenta contra el derecho internacional humanitario.
En las 36 páginas también se acusa al gobierno nicaragüense de no investigar los crímenes de manera adecuada: “Otra cuestión fue el encubrimiento de las pruebas: no se generaron las autopsias u otro tipo de evidencias forenses. A veces las familias realizaron sus propias autopsias”, declaró la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara. La defensora de Derechos Humanos denunció que algunos de los familiares de las víctimas han sufrido acoso policial, amenazas y habrían sido obligados a firmar un “acta de desistimiento de denuncia” a cambio de entregarles los cuerpos sin vida de sus seres queridos.
Amnistía Internacional afirma que la presidencia utiliza una táctica “de choque” a través de particulares armados o grupos parapoliciales (llamadas popularmente turbas sandinistas), que actúan para “multiplicar la capacidad represora de naturaleza letal del gobierno” en coordinación y con la tolerancia de las autoridades estatales, en especial la Policía Nacional.
Así mismo certificaron que algunos hospitales públicos negaron el acceso a la salud a las personas de la oposición que resultaron lesionadas en el marco de la jornada de protesta del 18 de abril. Cómo consecuencia de esto, varios jóvenes murieron por falta de atención médica.
El informe documenta que, en las primeras semanas de la crisis, “las autoridades también violaron el derecho de la población a acceder a la información bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields”.
Tras la represión a la “Madre de todas las Marchas”, AI testificó que luego de que una de sus delegaciones acompañara la marcha, pudieron verificar que “el caos por la detonación de armas de fuego fue provocado por policías y por las ‘turbas sandinistas’”.
*Luisa Moncada, periodista salvadoreña radicada en Toronto
