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Médicos y organizaciones de apoyo a refugiados expresan preocupación por los nuevos pagos que comenzaron a aplicarse bajo el Interim Federal Health Program (IFHP), el programa federal que entrega cobertura temporal de salud a refugiados, solicitantes de asilo y otras personas vulnerables que aún no califican para planes provinciales o territoriales.
Desde el 1 de mayo de 2026, los beneficiarios del IFHP deben pagar una parte del costo de ciertos servicios complementarios. El cambio establece un copago de $4 por cada medicamento elegible y un 30% del costo de otros productos y servicios, como atención dental, cuidado visual, consejería de salud mental, dispositivos de asistencia y suministros médicos. Las visitas médicas y la atención hospitalaria básica seguirán completamente cubiertas.
El gobierno federal sostiene que estos copagos buscan mantener la sostenibilidad del programa ante una demanda creciente. Sin embargo, médicos y defensores de refugiados advierten que incluso cobros pequeños pueden transformarse en una barrera real para personas recién llegadas que no tienen empleo estable, ahorros o redes familiares de apoyo.
El IFHP existe para cubrir necesidades urgentes y esenciales mientras las personas hacen la transición hacia otros sistemas de cobertura. En muchos casos, los beneficiarios llegan a Canadá después de haber vivido situaciones de guerra, persecución, violencia, desplazamiento o largos periodos sin atención médica regular. Por eso, especialistas señalan que servicios como medicamentos, salud mental, atención dental o dispositivos de movilidad no son lujos, sino parte de una recuperación básica.
La Asociación Médica Canadiense calificó los copagos como un paso atrás, argumentando que pueden retrasar la atención y aumentar la presión sobre hospitales y salas de emergencia. Según esa postura, cuando una persona no puede pagar medicamentos o tratamiento preventivo, es más probable que su condición empeore y termine necesitando atención más costosa.
Organizaciones como el Canadian Council for Refugees también han rechazado la medida, señalando que afecta a refugiados reasentados y solicitantes de asilo, muchos de los cuales ya enfrentan barreras lingüísticas, económicas y sociales.
El impacto puede ser especialmente fuerte en personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o sobrevivientes de trauma. En esos casos, un copago por varios medicamentos o por servicios de salud mental puede significar elegir entre tratamiento, transporte, comida o renta.
Para los médicos, el problema no es solo financiero, sino ético. La preocupación central es que el acceso a la salud quede condicionado por la capacidad de pago de personas que, precisamente, se encuentran en una etapa de alta vulnerabilidad.
El cambio ya está en vigor y los beneficiarios deben preguntar antes de recibir servicios si deberán pagar copagos y cuánto costarán. También se recomienda conservar recibos y confirmar que el proveedor esté registrado bajo el IFHP.
En conjunto, la medida abre un debate más amplio sobre cómo equilibrar sostenibilidad fiscal y protección humanitaria, especialmente en un país que históricamente ha presentado su sistema de refugio como parte central de sus valores públicos.
