Por Emilio Godoy

MÉXICO. Andrés Manuel López Obrador, el presidente izquierdista, cuyo triunfo representó un cambio de régimen en México, cumplió seis meses de gestión, marcados por claroscuros en su tratamiento a temas socioeconómicos, ambientales y, también, de derechos humanos.

Desde que asumió el 1 de diciembre, su gestión se ha caracterizado por el diseño de buenas ideas y una mala aplicación, lo cual ya se refleja en el desempeño del país y la percepción social sobre el primer gobierno ajeno a los tradicionales y conservadores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

“Frente a las grandísimas expectativas generadas y con un amplísimo voto mayoritario (en las elecciones de julio), vemos situaciones encontradas”, señaló Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz.

El activista mencionó, entre los avances, la liberación de una veintena de presos políticos, la cancelación del proyecto de un nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el cambio de discurso sobre la violencia institucional y criminal.

López Obrador, de 65 años y conocido popularmente por AMLO, sus iniciales, “goza de un bono democrático y la confianza de la gente de querer creer, en un país tan devastado por la corrupción y la violencia”, valoró el director de la organización no gubernamental que brinda servicios para la paz, la justicia y la dignidad.

Desde la campaña electoral de 2018, López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prometió un cambio radical y rápido respecto al legado de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012–2018), del PRI. Pero esa transformación aún no se materializa en asuntos como los derechos humanos.

El nuevo gobierno ha sufrido una dura curva de aprendizaje, transfigurado en los resultados de las decisiones tomadas.

Entre las medidas bien valoradas se incluyen el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que da unos 180 dólares mensuales a aprendices de oficios, además del plan “Sembrando vida”, que destina unos 257 dólares mensuales a pequeños productores agroforestales, y concede bimestralmente unos 130 dólares a adultos mayores.

Pero, para inyectar recursos a la estatal Petróleos Mexicanos, a fin de incrementar la producción petrolera, López Obrador, de 65 años, y tres veces candidato presidencial, dictó medidas de austeridad, como un recorte salarial para los trabajadores públicos, freno a compras de medicinas y rebajas presupuestarias, una receta neoliberal que se contradice con sus idearios y discurso.

Asimismo, redujo el financiamiento a guarderías infantiles, refugios para mujeres víctimas de violencia y organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno de AMLO abrió el ingreso a migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras que buscan llegar a Estados Unidos, pero en la práctica limitó poco después la medida, que acrecentó la tragedia humanitaria que ya padecían las fronteras sur y norte.

Esas acciones han generado renuncias de cuadros medios y altos, vitales para la labor gubernamental diaria en tareas de supervisión ambiental, cobro de impuestos y vigilancia financiera. Además, la crónica escasez de medicamentos en el sistema público de salud se ha agudizado.

Así, el gobierno mexicano padece de la paradoja de las consecuencias no previstas, acuñada por el sociólogo estadunidense Robert Merton (1910-2003), respecto a no medir el alcance de las medidas y terminar por provocar efectos opuestos a los deseados.

En el primer semestre “ya se evidencian algunas debilidades del planteamiento que deben corregirse si se quiere lograr un buen resultado”, aseguró Juan Moreno-Brid, profesor de la Facultad de Economía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

“Hay una parte en la que tiene razón el presidente, como quitar corrupción e ineficiencias. Pero que la receta sea cortar gasto e inversión es bastante cuestionable, sobre todo porque México tiene un gobierno que no participa en la inversión”, planteó el académico.

Diariamente, López Obrador, a quien se sitúa dentro del populismo de izquierda, presume de su combate a la corrupción y a favor de la regeneración democrática, los ahorros presupuestarios y los programas sociales para romper las desigualdades estructurales en este país de 129 millones de personas.

Asimismo, el mandatario está decidido a construir una refinería y una línea férrea en el sureste del país, así como un corredor que una las costas de los océanos Pacífico y Atlántico, proyectos que cuestionan organizaciones ambientales y grupos indígenas por su falta de estudios ambientales y de la obligada consulta libre, previa e informada.

Además, su estilo personalista lo ha situado en confrontación con los medios críticos, a los que ataca un día sí y otro también, con descalificaciones que acentúan la vulnerabilidad de los periodistas, en un país muy peligroso para ejercer el oficio.

La economía mexicana se contrajo 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2019, en comparación con el trimestre previo, en la caída más acentuada desde 2009, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El gobierno proyecta un crecimiento económico de 1,6 por ciento en 2019 y 1,9 en 2020, frente a la promesa durante la campaña de incrementar el producto interno bruto (PIB) en cuatro por ciento anual.
Además, el desempleo se ha mantenido estable, cotejado con el mismo lapso de 2018. A esas cifras, el presidente opone su propia realidad, al asegurar que “tiene otros datos”.

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