Rodrigo Díaz Maingon
Los conservadores progresistas del primer ministro Doug Ford planean revocar y reemplazar la Ley de Procedimientos Contra la Corona de Ontario, una legislación que, entre otras cosas, describe la responsabilidad del gobierno en casos de negligencia.
La nueva ley aumentaría el umbral legal necesario para proceder con los litigios civiles, incluidas las demandas colectivas, contra el gobierno. Además, limitaría considerablemente las instancias en las que el gobierno podría estar obligado a proveer una compensación financiera a los demandantes.
“Lo que el gobierno está tratando de hacer es colocarse fuera del alcance de los tribunales y dificultar, y en muchos casos hacer imposible, demandar al gobierno”, dijo Amir. Attaran, profesor de derecho en la Universidad de Ottawa.
“Cada provincia establece límites sobre cómo y cuándo se puede demandar al gobierno. Pero lo que Ontario está proponiendo es aislarse de demandas como ninguna otra provincia”.
Quizás el elemento más importante de la nueva legislación, según el abogado de los derechos humanos y refugiado Kevin Wiener, es que elimina cualquier posible responsabilidad financiera en la mayoría de los casos en que alguien se vea perjudicado por políticas gubernamentales o decisiones regulatorias tomadas de “buena fe”.
“Lo que significa es que las personas que ejercen su poder sobre usted pueden ejercer ese poder de forma negligente y causarle daños y nadie tendrá que pagar”, explicó Wiener.
Si bien los tribunales aún tienen que interpretar la legislación propuesta, el hecho de que se aplique de forma retroactiva a los casos existentes significa que podría utilizarse para descarrilar los asuntos en curso.
“Esta es una forma de limpiar los errores. E incluso si el gobierno hizo algo mal, incluso si la gente ya lo ha demandado, cerrarán esas demandas”, declaró Attaran.
“La conclusión aquí es que el gobierno está tratando de escapar de la responsabilidad por ser demandado, incluso cuando hace cosas que pueden estar muy, muy mal”, dijo Attaran, y agregó que las disputas contractuales entre los dueños de negocios y la provincia son un buen ejemplo de tipo de casos que probablemente serán casi imposibles de litigar en el futuro.
La Canadian Civil Liberties Association anunció que desafiará la legislación si esta recibe el consentimiento real.
