Rodrigo Díaz M.
Un año después de perder su batalla judicial sobre el impuesto federal sobre el carbono en el Tribunal Supremo de Canadá, el gobierno de Ford parece haber capitulado y va a aumentar el precio del carbono para los contaminadores industriales en su propio programa de emisiones.
Una propuesta de regulación que modifica los estándares de rendimiento de emisiones de Ontario (EPS) muestra que el precio por tonelada de carbono de los emisores industriales se disparará de los 40 dólares por tonelada actuales a 65 dólares en 2024 y alcanzará los 170 dólares en 2031.
Los cambios significarán que Ontario aplicará la misma fijación de precios del carbono que el premier Doug Ford lleva años tratando de evitar, asegurando que la provincia esté en línea con la normativa federal y manteniendo al mismo tiempo cierto control sobre la fijación de precios del carbono en el sector industrial.
Aunque el precio propuesto para el carbono sólo se aplicaría a los contaminadores industriales, no el impuesto sobre el carbono que pagan los consumidores de la gasolina, los expertos creen que los costes podrían afectar a los precios de algunos bienes en una provincia que ya está luchando contra el alto coste de la vida.
“Los cambios propuestos son para que las normas de Ontario se ajusten a las normas federales de fijación de precios del carbono”, dijo Jessica Green, profesora de la escuela de medio ambiente y del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Toronto. “Los productores tienen entonces la posibilidad de elegir si repercuten o no esos costes adicionales a lo largo de la cadena de suministro”.
El ministro de medio ambiente provincial, David Piccini, dijo que, aunque el gobierno “no apoya” el precio del carbono, no tiene más remedio que cumplir la política del gobierno federal.
“Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo al respecto”, dijo el ministro. “Tenemos que cumplir el punto de referencia del gobierno federal, pero tenemos una solución hecha en Ontario que funciona para la industria de Ontario”.
Esa solución, dijo Piccini, viene en forma de un “dial” que está firmemente controlado por el gobierno de Ford.
Piccini indicó que la provincia puede reducir la presión de los precios del carbono sobre determinadas industrias que no puedan cumplir sus objetivos en un plazo determinado, siempre que se cumplan los parámetros federales generales.
La provincia seguiría estando en deuda con los puntos de referencia del gobierno federal en cuanto al precio de la tonelada de carbono: 170 dólares para 2031.
El sistema de la provincia permite al gobierno de Ford aplicar su propia estructura de precios del carbono para las industrias, evitando el sistema basado en la producción del gobierno federal, que, según Piccini, es de “talla única”.
Después de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre un precio nacional de la contaminación, el entonces ministro de medio ambiente de Ontario dijo estar “decepcionado” con la decisión, pero no se comprometió a crear un sistema local.
“Ahora mismo, creo que tenemos un sólido plan medioambiental hecho en Ontario que va a poner en marcha las protecciones necesarias para la tierra, el aire y el agua”, dijo entonces Jeff Yurek.
A principios de año, Ontario presentó su EPS para sustituir el sistema de precios basado en la producción (OBPS) del gobierno federal para los grandes emisores industriales; el gobierno federal lo aceptó como alternativa en 2020.
El sistema exige a las grandes instalaciones industriales que reduzcan sus emisiones a lo largo del tiempo o que paguen un precio por el carbono si superan su límite. Los sectores afectados por la normativa son el cemento, los productos químicos, la generación de electricidad y las instalaciones de pasta de papel.
Cuando se introdujo, el sistema de Ontario aumentó el precio del carbono de forma más gradual que el OBPS federal, y ambos alcanzaron los 50 dólares por tonelada en 2023.
Canadá implementó la Ley de Precios de la Contaminación por Gases de Efecto Invernadero en 2019, estableciendo un precio mínimo a las emisiones de carbono en las provincias que no tienen precios provinciales equivalentes.
Ontario y otras dos provincias llevaron a Ottawa a los tribunales, argumentando que el gobierno federal no tenía jurisdicción para imponer el precio nacional.
Ford y sus conservadores progresistas destinaron unos 30 millones de dólares a la lucha legal contra el precio federal del carbono y también libraron una importante batalla de relaciones públicas con Ottawa al respecto.
