Por José Adán Silva
MANAGUA. Con la mayor manifestación que se recuerde desde la celebración del fin de la guerra civil, en 1990, decenas de miles de personas desafiaron esta semana en Nicaragua al gobierno, en lo que evidenció que la protesta no se aplacó con el retiro de la polémica reforma de la seguridad social.
La multitudinaria concentración confirma, para participantes y analistas, que, por primera vez en 11 años en el poder, el presidente Daniel Ortega perdió el control de las calles y el rumbo del país, que ha controlado con mano cada vez más autoritaria, mientras crecía un larvado descontento que ahora lo pone en jaque.
Las protestas, que comenzaron el 17 de abril, se han saldado hasta ahora con al menos 28 muertos según organizaciones humanitarias, a las que se suman decenas de heridos y cientos de arrestos en Managua y otras ciudades del país, por las que se extendió el estallido, en el que se pusieron al frente los estudiantes.
Pero las dos grandes concentraciones que se produjeron en Managua y otras 35 ciudades del país discurrieron sin grandes incidentes, en parte por la falta de presencia policial y militar, al menos hasta el anochecer de la jornada.
El detonante de la rebelión fue una reforma de la seguridad social, adoptada en forma ejecutiva y unilateral, que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.
La medida, que perjudicaba a 22 por ciento de los 6,3 millones de habitantes de este país centroamericano, sólo fue consultada con sindicatos y gremios oficialistas de trabajadores e ignoró incluso al que ha sido su interlocutor patronal más cercano hasta ahora, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La violenta represión de la policía y fuerzas de choque del gobierno contra los estudiantes universitarios que salieron a protestar contra la reforma extendió las manifestaciones, a las que se sumaron banderas como la protesta por la corrupción, y a la que fueron añadiéndose organizaciones sociales y fuerzas opositoras.
Ortega, exguerrillero sandinista de 73 años y presidente del país entre 1985 y 1990, se mantuvo ausente de la escena mientras a la represión se sumaba el Ejército y las protestas se extendían por al menos 84 grandes plazas de los 15 departamentos del país.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, situó hasta el lunes 23 los muertos de las protestas en 28, todos por armas de fuego, la mayoría jóvenes universitarios y dos agentes policiales. A las víctimas mortales se sumaron 64 heridos, también baleados, y al menos 200 arrestados.
El domingo 22, Ortega compareció finalmente por radio y televisión para anunciar el retiro de la reforma y plantear un diálogo al respecto, al que convocó a los empresarios aglutinados en Cosep y a la Iglesia Católica.
Pero para el analista social Humberto Meza, la derogación del decreto llegó demasiado tarde “y ahora es urgente la exigencia de protección de los derechos humanos y el fin de la represión”.
La socióloga Elvira Cuadra consideró lo mismo sobre el diálogo, “tantas muertes después”, porque ahora el tema ya no es sólo la reforma a la seguridad social, sino que se han sumado demandas acumuladas desde que en 2007 volvió al poder, de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Cuadra citó entre esas demandas la falta de transparencia en las elecciones, ausencia de institucionalidad, deterioro de las libertades públicas y políticas, la violación de los derechos humanos, la corrupción de los poderes del Estado y la carestía de la vida en el segundo país más pobre de América Latina.
“En los medios nacionales e internacionales se ha consignado la noticia del retiro del decreto como una revocación de la decisión presidencial, sin embargo, es prudente preguntarse si en verdad está revocando la reforma o se trata de un artilugio político para ganar tiempo a la protesta”, dijo Cuadra.
Se espera ahora la respuesta de Ortega a la expresión de fuerza opositora de esta semana, al mayor acoso popular que ha debido enfrentar la figura que ha tenido un papel determinante en el país desde el FSLN derrocó a la dictadura dinástica de Anastasio Somoza en 1979, e integró la junta de gobierno que lo sustituyó.
Una reforma constitucional resistida internacionalmente le permitió ser candidato por tercera vez consecutiva y obtener una contundente victoria en las elecciones de 2016, para así mantenerse en la presidencia por un nuevo periodo quinquenal iniciado en 2017, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
