Rodrigo Díaz M.
El comisario de medio ambiente de Canadá afirma que el sistema nacional de fijación de precios del carbono es desproporcionadamente duro para las comunidades indígenas y las pequeñas empresas, y no lo suficientemente duro para los mayores emisores.
Jerry DeMarco publicó cinco informes de auditoría sobre la fijación del precio del carbono, la transición de los trabajadores fuera de las industrias de combustibles fósiles, la energía del hidrógeno, las políticas de infraestructura relacionadas con el clima y los esfuerzos del gobierno para reducir sus propias emisiones.
La auditoría sobre la fijación del precio del carbono, o la carbon tax, se produce tres años después de que los liberales federales pusieran en marcha una ley que obliga a las provincias a fijar un precio mínimo a las emisiones de gases de efecto invernadero, o a utilizar el sistema federal de la carbon tax en su lugar.
El precio comenzó en 2019 con 20 dólares por tonelada de emisiones, y llegó a 50 dólares el pasado 1 de abril. A partir de ahora aumentará 15 dólares anuales hasta 2030.
DeMarco afirma que existe un “amplio consenso” entre los expertos, incluidos el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, de que la fijación del precio del carbono es una herramienta fundamental para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Como reconocen el Tribunal Supremo de Canadá y muchas organizaciones internacionales, una tarificación eficaz de la contaminación por carbono impulsa cambios en el comportamiento de consumidores y productores que, a su vez, reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero”, afirma en una declaración escrita.
“La tarificación del carbono es, por tanto, esencial para que Canadá consiga finalmente reducir de forma significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero”.
Pero afirma que el sistema canadiense no ha hecho lo suficiente para garantizar que el precio del carbono se aplique de forma justa a los mayores emisores industriales.
No hay suficiente información sobre la comparación de los sistemas provinciales con la referencia federal, añade, y las subvenciones para ayudar a las pequeñas empresas a ser más eficientes energéticamente han tardado en llegar.
La mayoría de las provincias tienen sus propios sistemas de precios para los grandes emisores que Ottawa ha aprobado. Pero la auditoría dice que no hay suficientes controles para garantizar que estén a la altura del punto de referencia federal, y el coste para las industrias varía mucho entre las provincias.
DeMarco afirma que la debilidad del sistema de las grandes industrias está socavando el principio de “quien contamina paga” de la tarificación del carbono.
En general, las grandes industrias pagan el precio del carbono sólo por una pequeña parte de las emisiones que generan, en lugar de por todas las emisiones producidas por los combustibles que compran. Ese plan intenta evitar impactos económicamente devastadores en las empresas que podrían obligarlas a trasladarse a otro lugar, al tiempo que garantiza que haya un incentivo para reducir sus emisiones.
Los consumidores y las pequeñas empresas pagan el precio del carbono mediante un impuesto sobre la compra de combustible. Los consumidores reciben reembolsos del gobierno federal para compensar esos costes más elevados, al tiempo que tienen un incentivo para ahorrar dinero si reducen su consumo de combustible.
El informe de DeMarco también afirma que el gobierno “no está preparado y es lento” en su respuesta a la necesidad de ayudar a más de 170 mil trabajadores en industrias de combustibles fósiles a prepararse para la transición a una economía energética más limpia.
El gobierno lleva más de dos años prometiendo una legislación para lo que llama la “transición justa”, pero aún no la ha cumplido. Un plan de transición justa es una parte fundamental para conseguir la aceptación de la opinión pública para abandonar los combustibles fósiles y pasar a fuentes de energía con menos o ninguna emisión.
La auditoría de DeMarco afirma que no existe un plan de aplicación ni un sistema de seguimiento o información que respalde esta transición.
También dice que un programa de transición creado para los trabajadores de la industria de los combustibles se basó en gran medida en las políticas de formación para desempleados existentes, sin una buena medición de su eficacia.
DeMarco añade que Infraestructuras Canadá no exige ni recibe información fiable sobre el impacto climático de los proyectos que financia.
