Hogares de ancianos no fueron atendidos adecuadamente durante la pandemia

Rodrigo Díaz M.

Según una investigación realizada por el defensor del pueblo de Ontario, Paul Dubé, los mecanismos de supervisión del ministerio de cuidados a largo plazo “colapsaron en gran medida” cuando se produjo la pandemia del COVID-19, y las inspecciones in situ de las residencias de cuidados de larga duración se paralizaron durante casi dos meses en la primera ola de la pandemia.

El informe, publicado la semana pasada, se centra en la actividad de inspección del ministerio de cuidados a largo plazo en las residencias durante las fases iniciales de la pandemia y descubrió que durante un periodo de siete semanas en la oleada inicial de la pandemia, la rama de inspecciones del ministerio “simplemente dejó de realizar inspecciones in situ”.

En uno de los casos examinados por la oficina del defensor del pueblo, un hombre se quejó al ministerio cuatro veces entre el 6 de abril y el 5 de mayo del 2020 sobre “condiciones preocupantes” en la residencia de cuidados de larga duración de su madre.

“Ninguna de sus preocupaciones fue inspeccionada hasta octubre del 2020, muchos meses después de que su madre ya hubiera muerto debido al COVID-19. En total, 53 residentes murieron en ese mismo hogar de cuidados a largo plazo durante la primera ola”, continúa el informe.

Las inspecciones, según el informe, no se llevaron a cabo porque los inspectores “no estaban formados en prevención y control de infecciones” y el ministerio no proporcionó a la rama de inspecciones un suministro de equipos de protección individual (IPE).

En lugar de realizar inspecciones in situ en las más de 600 residencias de cuidados a largo plazo de Ontario, que cuentan con casi 80 mil camas de residentes, la sucursal “supervisó y apoyó” a las residencias realizando llamadas telefónicas “periódicas” a las instalaciones.

Hubo cerca de dos mil  muertes relacionadas con el COVID-19 en hogares de cuidados a largo plazo durante la primera ola de la pandemia, que ocurrió entre el 15 de enero y el 2 de agosto de 2020. Durante el paréntesis de inspección de siete semanas, 720 residentes de cuidados a largo plazo murieron.

El defensor del pueblo inició su investigación el 1 de junio del 2020, después de que el personal militar revelara las espantosas condiciones existentes en varias residencias de cuidados de larga duración en las que se les había pedido ayuda.

Su oficina recibió 269 quejas y consultas de familias, empleados de residencias de larga duración y otras partes interesadas. Su equipo realizó más de 90 entrevistas y revisó miles de correos electrónicos y documentos.

Dubé afirmó que aún queda mucho por hacer para solucionar los “graves fallos de supervisión” que se han descubierto.

En el informe, el Defensor del Pueblo formuló 76 recomendaciones, todas ya han sido aceptadas por el ministerio de cuidados a largo plazo.

Las recomendaciones incluyen garantizar que los inspectores estén siempre disponibles para realizar inspecciones in situ, aclarar cuándo son apropiadas las inspecciones fuera de las instalaciones durante cualquier pandemia futura u otro tipo de emergencia, y garantizar que el ministerio informe a sus inspectores sobre las amenazas emergentes.