Rodrigo Díaz M.
Google y los gigantes tecnológicos de la internet contraatacan a las iniciativas del gobierno canadiense para corregir los desequilibrios creados por los imperios digitales mundiales entre las empresas de comunicación nacionales y locales.
El pasado 5 de febrero, Google anunció que suprimiría 12 mil puestos de trabajo en Canadá. Meta/Facebook había amenazado anteriormente con bloquear el acceso a sus plataformas.
¿Su preocupación? Dos leyes: El proyecto de ley C-11 y el proyecto de ley C-18, la Ley de Streaming Online, la Ley de Noticias Online y la Ley de Aplicación de la Carta Digital. Los gigantes tecnológicos consideran que ambas leyes son adversas a sus intereses económicos y quieren que el gobierno “dé marcha atrás” a las mismas.
Canadá no está sola en esta iniciativa. Varios países, entre ellos Australia, Francia e Italia, han tomado medidas para mitigar lo que algunos de sus ciudadanos consideran prácticas depredadoras en el campo de la creatividad, la publicidad y el periodismo.
El gobierno federal canadiense está en proceso de adoptar el modelo australiano como solución: básicamente, obligar a los gigantes tecnológicos a negociar con empresas periodísticas cualificadas para remunerarlas con el 25% de sus costes editoriales, que se determinarán según criterios establecidos. Se trata de un proceso lento que puede desembocar en una decisión del gobierno, a través de su agencia, la CRTC, al cabo de nueve meses.
Los franceses han optado hasta ahora por un recurso comercial en Europa: 500 millones de dólares en “impuestos no pagados”. Los italianos han iniciado un modelo en Italia, y para el Parlamento Europeo, que exige hasta un 70% de reembolso por la producción y reproducción de noticias, durante un periodo de 90 días.
Google, Meta/Facebook y otros gigantes de la internet pueden abogar por un enfoque de no intervención, pero no se les ha confiado la necesidad de salvaguardar o promover el bienestar del público. Son los gobiernos.
Una legislación como la Ley C-18 responde a las necesidades de los canadienses y refuerza los objetivos de la política gubernamental asociados a la construcción nacional y al fortalecimiento de los fundamentos a través de los cuales compartimos valores comunes o construimos objetivos materiales y políticos que benefician a todos.
Por lo general, los buenos gobiernos tratan de ampliar las oportunidades asociadas a resultados positivos en este sentido y de mitigar los retos a los que se enfrenta la sociedad, a medida que se transforma de una era de comunicaciones culturales a la siguiente.
El rápido crecimiento y expansión de las tecnologías digitales es uno de esos retos. Esto se ha convertido en un asunto de preocupación pública prácticamente en todo el mundo.
El ministro de patrimonio canadiense y su colega, el ministro de innovación, ciencia e industria, están de acuerdo. En una carta al presidente de la CRTC, fechada el 3 de febrero, señalan que estos retos pueden “socavar nuestra cultura, afianzar la desigualdad y la injusticia en la sociedad y poner en peligro la democracia”.
Se refieren a las comunicaciones, la libertad de expresión, la transparencia y la viabilidad económica y política. Más concretamente, expresan su temor de que los monolitos digitales puedan estar arrogándose los recursos creativos y financieros de los que dependen las pequeñas y medianas empresas de comunicación.
No se trata de un problema menor. Si no se controla, la tecnología y su control por parte de las grandes corporaciones puede significar el fin de la prensa y los medios de comunicación multilingües y multiétnicos. Sin embargo, según el último censo del 2021, ese segmento de la población que no se identifica ni como aborigen/primeras naciones, ni como anglosajón, ni como francés comprende algo menos del 25% de la población total de Canadá. Es el único segmento que crece numéricamente. Políticamente, este sector indispensable para el crecimiento y el desarrollo del país.
