Rodrigo Díaz M.
Perú ha prorrogado por un mes más el estado de excepción en la capital, Lima, y en dos regiones del sur, donde las protestas contra el gobierno han desencadenado la peor violencia del país en 20 años.
El gobierno peruano anunció por primera vez el estado de emergencia a mediados de diciembre, poco después de que estallaran las manifestaciones por la destitución del ex presidente izquierdista Pedro Castillo, que había intentado disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Más de 40 personas han muerto en violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad desde principios de diciembre.
La extensión de las medidas de emergencia firmadas por la presidenta Dina Boluarte a última hora del sábado, que otorgan poderes especiales a la policía y limitan las libertades, incluido el derecho de reunión, se aplican a Lima y a las regiones meridionales de Puno y Cuzco.
En Puno las restricciones incluyen un toque de queda de 8 PM a 4 AM, que se levantará el 24 de enero.
En una marcha celebrada el sábado en Lima, los manifestantes izaron banderas nacionales rojas y blancas junto a pancartas bordeadas de negro en señal de duelo. También arremetieron contra Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo, que la víspera había pedido disculpas por las muertes al tiempo que reclamaba investigaciones.
Entre el 12 y el 13 de enero, una encuesta de Ipsos Perú publicada en el diario Perú 21 el domingo mostraba que el 71% de los peruanos desaprobaba el gobierno de Boluarte, frente al 68% de diciembre.
Los manifestantes han exigido la dimisión de Boluarte y la liberación de Castillo, detenido por “rebelión”.
Global Affairs Canada actualizó sus recomendaciones de viaje el domingo, advirtiendo que varias carreteras y autopistas principales también estaban afectadas por el estado de emergencia, mientras que las protestas y los bloqueos de carreteras estaban causando interrupciones del transporte en muchas zonas, incluidos los servicios ferroviarios, los autobuses interregionales y el transporte público interurbano.
El aeropuerto de Juliaca, en la región de Puno, suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso, y en otros aeropuertos se registraron retrasos en los vuelos. Los aeropuertos estaban limitando la entrada sólo a los titulares de tarjetas de embarque.
Durante el estado de emergencia, la policía y el ejército estaban facultados para restringir los movimientos de las personas, vigilar sus comunicaciones y entrar en propiedades privadas para efectuar registros.
Global Affairs reiteró su consejo a los canadienses en Perú de evitar manifestaciones y grandes concentraciones, y no intentar cruzar bloqueos de carreteras. También deben esperar ver más personal de las fuerzas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades locales.
Los canadienses deben ponerse en contacto con su aerolínea u operador turístico para cambiar sus planes de viaje, si es necesario.
