El gobierno de Ontario anunció que intervendrá en la revisión del Consejo Inmobiliario de Ontario (RECO) después de que saliera a la luz un escándalo financiero sin precedentes que involucra a la firma iPro Realty.
Según la investigación del propio regulador, los cofundadores de iPro, Rui Alves y Fedele Colucci, habrían “distribuido ilegalmente” más de 10.5 millones de dólares de cuentas fiduciarias destinadas a depósitos de clientes y comisiones. En lugar de enfrentar cargos o sanciones inmediatas, ambos empresarios lograron un acuerdo que permitió la transferencia de más de 2,400 agentes a una nueva firma llamada iCloud Realty, movimiento que ha generado indignación entre profesionales del sector y consumidores.
Abogados y expertos en políticas públicas señalan que este acuerdo pone en duda la transparencia de RECO, que debería actuar como guardián del interés público. “Es difícil entender cómo un organismo regulador pudo facilitar un proceso que, en lugar de proteger a los afectados, terminó preservando los activos de quienes estaban bajo investigación”, cuestionó un analista consultado.
La polémica no tardó en llegar a Queen’s Park. El ministerio de Servicios Públicos y Empresariales confirmó que asumirá directamente la supervisión de la revisión para garantizar que haya consecuencias claras y que no se repitan fallas en la vigilancia del sector inmobiliario.
Mientras tanto, decenas de agentes afectados reclaman comisiones que no han sido pagadas y denuncian la falta de comunicación del organismo regulador. Algunos aseguran que llevan meses esperando sumas que superan los $100,000 dólares.
En respuesta a la creciente presión pública, RECO congeló las cuentas de iPro, anunció la salida de su registrador histórico y contrató a una firma legal para auditar el caso. Además, incorporó a una empresa internacional especializada en gestión de crisis para recuperar la confianza en la institución.
Este caso abre un debate más amplio sobre la confianza en el mercado inmobiliario en Ontario. Para miles de familias, la compra de una vivienda representa la inversión más importante de sus vidas. La expectativa de la comunidad es que exista un marco regulatorio sólido que proteja los ahorros de los consumidores y garantice que situaciones como la de iPro no se repitan.
El informe preliminar de la auditoría se espera para finales de septiembre, mientras que el reporte final se dará a conocer a finales de octubre. La opinión pública, y en particular las familias que depositaron su confianza en iPro, esperan que esta vez la transparencia y la rendición de cuentas prevalezcan.
Gobierno de Ontario intervendrá tras escándalo en el sector inmobiliario: caso iPro bajo la lupa
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